El analista político Diethell Columbus considera anticipado especular sobre una eventual destitución del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Sobre la acusación constitucional contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional, aclara que no afecta la autonomía de ese ente jurisdiccional.
¿Cómo interpreta la denuncia del fujimorismo contra el fiscal de la Nación?
La denuncia tiene que verse desde dos perspectivas: procedibilidad legal e incidencia política. La Constitución faculta a los congresistas a interponer acusaciones constitucionales, por lo que esta es perfectamente legal. Lo que está en discusión es el sustento y la intencionalidad. El sustento es que, según Salaverry, el fiscal no está haciendo nada en la lucha contra la corrupción; en cristiano, se le están paseando las tortugas en el tema Odebrecht y otros. Ahí tendríamos que afinar los criterios, porque no es el fiscal de la Nación quien lleva a cabo las investigaciones, sino el fiscal a cargo del caso...
¿Advierte un afán de amedrentamiento a la Fiscalía?
No voy a atreverme a decir que es un acto de amedrentamiento, pero deja esa percepción. Sí puede interpretarse como una respuesta política, específicamente por la acusación de que Fuerza Popular es una organización criminal, lo que es absurdo, pero es potestad del Ministerio Público.
¿Cuál será el costo político para Fuerza Popular? El magistrado del TC Carlos Ramos afirma que el actual escenario político configura una situación similar a la previa al autogolpe de 1992...
No, no, eso ya es una exageración; para mí es impensable. El costo político puede ser que sigan trayendo el pasado al presente y es mucho más complicado para el fujimorismo, porque tiene una posición expectante a 2021 y falta buen tiempo. Si van a estar en el tema de que la ciudadanía tenga una percepción, errada o no, de un fujimorismo autoritario, noventero, que vuelve a las mismas andadas, eso le va a costar mucho políticamente. (…) Además, están dando por hecho que va a pasar a la acusación y hay un proceso que el Pleno decidirá. Se está levantando polvo como si ya lo estuvieran destituyendo (a Sánchez).
Otro tema es la denuncia contra magistrados del TC por el caso de El Frontón. ¿Ud. ve ahí una afectación a la autonomía del tribunal?
De ninguna manera se afecta la autonomía. Eso es parte de la defensa política que se usa para encubrir una situación –por lo menos anómala– que ha pasado con cuatro miembros del TC. La Constitución reconoce que los miembros del TC pueden ser acusados constitucionalmente por una infracción y dime tú si no lo es que cuatro miembros hayan decidido cambiar una sentencia. Vulneración sería si el Congreso, sin pruebas ni sustento, decide destituirlos del cargo o que haya parcialización del debate político en el Pleno del Congreso.
Sin embargo, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para resolver un tema interno.
Quejarse ante la comisión solo procede cuando se han agotado todas las vías internas y acá no se ha agotado nada. Saben que han actuado mal y han ido a buscar una especie de refrendo internacional. La comisión debería resolver que, mientras no se agoten las instancias internas y no se observe una vulneración real, no puede intervenir.
¿Qué opina del pronunciamiento presidencial sobre la supuesta falta de un debido proceso para Ollanta Humala y Nadine Heredia?
Que el presidente diga que en el país no se respeta el debido proceso de alguna manera fortalece la denuncia de Salaverry contra Pablo Sánchez, porque finalmente quien pide la detención preventiva contra Humala y Heredia es el Ministerio Público.
¿Puede hablarse de intromisión del Ejecutivo?
No es una intromisión, sino una falta de tino que el presidente se inmiscuya en temas que, además, él mismo reconoce que no sabe, y si no sabe, para qué opina. ¿Cómo es posible que el presidente, en un foro internacional, diga que en nuestro país no hay debido proceso? Eso favorece políticamente a Humala y a Heredia, y de refilón a Alejandro Toledo. El presidente tiene que ser una persona cauta, tiene que ayudar a su gobierno, a veces con su silencio. Si fuera más cauto y guardara silencio cuando debe guardarlo, no generaría estos problemas.
También se refirió, una vez más, al indulto a Alberto Fujimori, pese a que –insiste– ese tema no está en la agenda gubernamental.
Y dijo que no es un tema legal, ni político, sino médico. ¡Por Dios! ¿Quién lo asesora? El tema es político, jurídico y médico. El presidente habla del indulto y dice que no está en agenda, el ministro de Justicia habla de la pena de muerte y dicen también que no está en agenda. ¿Algún día sabremos cuáles son los temas que están en la agenda del gobierno? La agenda del gobierno está vacía, parece. Si el presidente tiene la intención de indultar a Fujimori, que lo indulte de una vez y zanje con ese tema. El presidente está quedando mal porque uno elige un presidente para que gobierne y gobernar implica tomar decisiones, sí o no, buenas o malas. El presidente no puede estar como si fuera un adolescente enamorado deshojando margaritas: lo indulto, no lo indulto. La gente lo toma como un gobierno débil, que no sabe gobernar, que no toma decisiones.
* “Soy abogado y especialista en temas de gestión pública con estudios de maestría en gestión de conflictos sociales. Soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, pero lo que más resalta es que soy papá de Macarena y esposo de Zoila”.
* “¿Incursionar en política? No se me ha presentado esa situación y, por mi personalidad, yo dificulto que eso pase. A mí me gusta decir las cosas como son o como las pienso. No tengo esa habilidad de morigerar mis opiniones, por eso tengo pocos amigos”.
* “No hay sustento adecuado para decir que realizar actividades de levantamiento de fondos es una actividad criminal. Muchos van a aplaudir porque son antifujimoristas rabiosos, pero no piensan que esa situación va a estigmatizar a todas las organizaciones políticas”.