Dictan 36 meses de prisión preventiva a implicados por presunta corrupción en la ONP

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra cinco personas, entre ex funcionario públicos y privados, por presuntos actos de corrupción en la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Entre esas personas se encuentran el abogado Hernán Costa Alva; su hijo, Néstor Costa; Jorge Noziglia Chávarri, ex funcionario del Ministerio de Economía (MEF); Ricardo León Dueñas, ex gerente de la ONP; y Rosmery Velásquez Cano,ex jueza supernumeraria del 16 Juzgado Transitorio Laboral de Lima.

​El Ministerio Público imputa a los procesados los delitos de cohecho activo genérico, impropio y lavado de activos.

En audiencia, el fiscal José Domingo Pérez presentó evidencias que demostrarían que  Hernán Costa Alva, quien representaba a una asociación de jubilados de Enapu, “captó” al ex funcionario del Ministerio de Economía (MEF) para que, a través de una opinión técnica, recomendara a la jueza Martha Hinostroza cómo proceder a ordenar el desembolso de beneficios sociales hacia sus patrocinados por S/206 millones.

La magistrada acogió la opinión y, con ello, del monto total, Costa pudo cobrar S/19 millones por derecho de honorarios. Tras el desembolso, Costa Alva transfirió S/750 mil a Noziglia, el 12 de junio del 2017.

Pérez contó que, en un interrogatorio, le consultó al ex servidor público por qué recibió el dinero, a lo que Noziglia señaló que se trataba de un pago por servicios realizados por esposa. “El investigado sostuvo que su cónyuge no recibió el dinero directamente porque no tenía cuenta bancaria”, manifestó.

Sin embargo, el fiscal reveló también que cuando el banco consultó a Noziglia por la procedencia del dinero que le abonaron, este declaró que fue una “donación” del estudio jurídico de Hernán Costa.

“Consideramos que estamos ante una organización criminal porque su finalidad es tener beneficios indebidos a través de procesos judiciales”, argumentó el Ministerio Público.

La defensa de Noziglia, quien está detenido, rechazó las imputaciones y dijo que la recomendación hecha por su patrocinado fue una opinión institucional que fue aprobada por sus superiores del MEF toma las riendas.