La cárcel espera al hermano de la presidenta de la República. Nicanor Boluarte, la persona que más influye en las decisiones de la mandataria, según la última encuesta del poder de Ipsos, deberá cumplir prisión preventiva. El juez Richard Concepción Carhuancho decidió ayer que el también asesor presidencial pase los próximos 36 meses encerrado en una celda, mientras se le sigue investigando por presuntamente encabezar una red criminal que disponía a su antojo de la designación de prefectos y subprefectos en varias regiones del país, a los que habría exigido que recolecten firmas para lograr la inscripción de su pretendido partido Ciudadanos por el Perú.
El juez ha ordenado su captura nacional e internacional de manera inmediata y su internamiento en un establecimiento penal. Pero el líder de los Waykis en la Sombra se encuentra irónicamente bajo la sombra. El hermanísimo decidió no conectarse a las audiencias virtuales del lunes y martes que definieron su prisión, y en su vivienda no se sabe nada de él. No ha dado señales desde la tarde del último domingo en que se dejó ver dentro de un automóvil. Se desconoce su paradero. Al parecer, el hombre influyente de Palacio de Gobierno habría pasado a la clandestinidad.
La misma medida de encierro preventivo por 36 meses alcanza a Jorge Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar, sindicados como parte de esta red criminal y a quienes al igual que a Boluarte se les atribuye los delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Las defensas legales de los cuatro investigados anunciaron que apelarán la decisión judicial.
Y como para que no queden dudas de que el hermano de Dina no piensa dar la cara a la justicia, su abogado Joseph Campos calificó de inconstitucional la decisión del juez y adelantó que su patrocinado “va a proteger su libertad”.
Según fuentes consultadas por este diario, al cierre de esta edición la Diviac no recibía aún la orden para ir en la búsqueda de Boluarte.
RIESGO DE FUGA
Nicanor, según relató Concepción Carhuancho, aprovechó la llegada al gobierno de su hermana Dina en diciembre de 2022 para utilizar el aparato estatal para sus fines políticos y operar desde entonces su organización.
Durante la audiencia de ayer, el magistrado concluyó que existían datos gravitantes para dictar la prisión preventiva contra el hermano presidencial. Explicó que se evidenció en Boluarte un comportamiento procesal negativo como el ocultamiento de pruebas al ordenar a los miembros de su presunta red cambiar celulares, borrar mensajes y deshacerse de todo aquello que pueda comprometer a la organización. Prueba de ello, señala, es que al allanar su vivienda se encontraron los cajones vacíos.
También señaló como otro dato gravitante su comportamiento procesal al contactar a Víctor Torres Merino, pese a que estaba acogiéndose a una colaboración eficaz, con el objetivo de captarlo nuevamente.
Torres Merino es amigo de los hermanos Boluarte y ante la Fiscalía aseguró que nada se ejecutaba en la presunta red criminal sin la autorización de Nicanor.
Otro hecho que aumentó el riesgo de peligro de obstaculización por parte de Boluarte es el haber influido indirectamente y a través de un hombre apellidado Briones, en Teodoro Berrú, un colaborador de la campaña de Dina Boluarte en 2021 para que no declare en su contra.
El juez Concepción Carhuancho también advirtió un posible riesgo de fuga de Boluarte, pues su estrecho vínculo familiar con la presidenta de la República podría facilitar su huida del país.
CONSECUENCIAS POLÍTICAS
¿Cómo afecta a la presidenta Boluarte la prisión preventiva contra su hermano? El analista político José Carlos Requena considera que el fallo del juez Concepción Carhuancho complicará más la situación de la mandataria.
“En términos políticos, me parece que la presidenta Dina Boluarte queda aún más debilitada. Porque lo que parecía estar pasando al interior del Ejecutivo era que el principal tomador de decisiones era precisamente el hermano; con su ausencia, pues habría que ver quién va a ganar el protagonismo y también ver si esto precipita el cambio de gabinete que desde hace varias semanas se viene rumoreando. Yo diría que la presidenta queda en una situación aún más vulnerable; pero en términos judiciales, no creo que este caso en particular la complique; los otros dos casos grandes que tiene, el de las muertes en las protestas y el del caso Rolex, son un poco más complicados para ella”, dijo a Perú21.
El gobierno de Boluarte sumaría así un nuevo prófugo de la justicia. Vladimir Cerrón, el que alguna vez compartió plancha presidencial con la hoy mandataria, goza de una clandestinidad de más de 13 meses.
Mientras, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha asegurado que la Policía Nacional detiene y captura a determinadas personas cuando existe mandato legal. “La Policía actuará dentro del marco de la Constitución y también de acuerdo a sus competencias”, señaló el titular del Mininter.
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