El Congreso de la República le dio la espalda a 280 mil docentes que tienen sus aportes en la Derrama Magisterial y desestimó la oportunidad que tenía para derogar el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, impuesto por el gobierno de Pedro Castillo para intervenir dicha institución pese a que se trata de una persona jurídica del derecho privado.
La noche de ayer, el Pleno rechazó los proyectos de ley 2575, 2601 y 2856, que buscaban dejar sin efecto la norma que bajo el falso pretexto de “democratizar” a la institución, modificaba su estatuto de creación para aumentar el número de miembros de su directorio de 6 a 13; crear un organismo electoral encargado de la elección de dicho directorio con intervención del Ministerio de Educación y, además, reducir el monto de los aportes de sus afiliados.
Horas antes del debate en el Pleno, el titular de la Derrama, Luis Espinoza, advirtió sobre los intereses políticos detrás del cuestionado decreto supremo.
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“Las democracias más importantes en el mundo se dan a través de representaciones. En el caso de la Derrama, justamente la elección de los directivos es de manera representativa. Desde una propuesta que viene de un maestro de su escuela, de su provincia, de su región, pasa por un evento nacional y luego es miembro del Directorio de la Derrama Ministerial. Lo que busca el Minedu no es democratizar, sino fenatizar la Derrama Magisterial”, expresó.
Estas declaraciones fueron en relación al poder que tendrían ahora los afiliados a la Fenatep, sindicato fundado por Pedro Castillo que nunca pudo exigir facultades sobre la entidad que es administrada por el Sutep desde 1984.
Asimismo, Natale Amprimo, abogado de la institución, había adelantado las razones jurídicas por las cuales el Congreso debía votar a favor.
“Lo ocurrido con la Derrama Magisterial es inaceptable, porque es una persona jurídica de derecho privado (...) Es una aberración jurídica. La Derrama es una organización supervisada por la SBS y conforme a la ley de bancos, las organizaciones administradas por la SBS modifican sus propios estatutos conforme a sus reglas internas. Es inconstitucional que el Gobierno pretenda modificar los estatutos de la Derrama sin que previamente eso haya surgido de la propia voluntad de la institución”, declaró a Perú21TV.