El asesinato de cuatro dirigentes asháninkas a manos de presuntos traficantes de madera generó el rechazo unánime de instituciones públicas y privadas, y de políticos, que exigieron investigar el crimen para que no quede impune.
"Nuestra institución expresa su enérgica condena frente a estos hechos", dijo la Defensoría del Pueblo. Además, señaló que los dirigentes indígenas ya habían denunciado el abandono estatal de la zona y las amenazas de gente vinculada a la tala ilegal.
Asimismo, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, pidió al Ministerio Público y a la Policía Nacional que brinden facilidades para investigar e identificar a los responsables.
También se pronunció el Grupo Parlamentario Indígena, presidido por el nacionalista Hugo Carrillo, que consideró urgente que las autoridades establezcan los caminos más adecuados para luchar contra el narcotráfico y la tala ilegal de madera.