La Defensoría del Pueblo solicitó al presidente Pedro Castillo a observar la autógrafa de ley que condiciona la publicación de material educativo al consentimiento de los padres y pone en riesgo la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).
La institución remarca que la norma contraviene la Constitución Política y no está alineada a los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030; la Política Nacional de Igualdad de Género; el Proyecto Educativo Nacional al 2036; el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) y los nuevos Lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI).
“Constituiría un peligroso precedente para todas las políticas públicas pues institucionalizaría, a través de una ley, el derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos”, señala un comunicado oficial difundido en redes sociales.
Asimismo, se hace hincapié en que la normativa desconocería el rol rector del Ministerio de Educación (Minedu) para cumplir su mandato de definir la política educativa y pedagógica nacional, pero sobre todo lo limitaría en la definición de los contenidos educativos.
Para la Defensoría del Pueblo, el proyecto legislativo “da la espalda a la dura realidad que enfrenta nuestro país y a los problemas que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad, pues se les impediría el acceso a una educación libre de estereotipos y prejuicios de género, así como también al ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva en un contexto nacional”.
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Por última, la institución recuerda que el Estado está obligado a implementar la ESI en el entorno escolar, sin injerencia alguna que impida que las/os estudiantes accedan a ella y según lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, la autógrafa de ley fue aprobada por el pleno el jueves 5 de mayo en primera votación y fue exonerada de segunda votación. El respaldo mayoritario procedió de las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. El mandatario tendrá 15 días para aprobarla o plantear observaciones, de lo contrario se convierte en ley automáticamente.