La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado, en relación con los sucesos de violencia ocurridos en Juliaca, Puno, para exigir a “todas las instituciones” competentes investigar y sancionar a los responsables de las 18 muertes, entre civiles y un efectivo policial, en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el pedido del adelanto de elecciones.
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“Exigimos a todas las instituciones competentes que investiguen las circunstancias en las que se han perpetuado cada una de estas muertes, así como se juzgue y sancione con celeridad y oportunidad a los responsables de dichos actos de violencia y prevenir su repetición, adoptando medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de todas las personas”, indicó la Defensoría, entidad titulada por Eliana Revollar.
Asimismo, se refirió al efectivo policial S2 PNP José Luis Soncco Quispe, quien perdió la vida al ser calcinado mientras hacía patrullaje en la noche de ayer en Juliaca.
“Lamentamos este condenable hecho, perpetuado con un nivel de violencia extrema al haber sido presuntamente torturado antes de dejar de existir”, señaló la institución.
De igual manera, lamentaron el incendio generado en un inmueble de propiedad de los familiares del congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), que puso en riesgo la vida de sus padres e hija.
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Ante ello, exhortaron al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con “diligencia” y respetar la institucionalidad y separación de poderes. “Ello conllevará a que se sancione de manera oportuna y célere a los responsables materiales de los hechos, y a los posibles autores intelectuales que por acción u omisión también pudieran serlo”, acotó.
“Reiteramos que el derecho a la protesta debe ser ejercido de manera pacífica. La afectación a la vida de otras personas, a la propiedad privada y pública, entre otros actos de violencia, no están amparados por nuestro ordenamiento y constituyen delito”, manifestó el comunicado.
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