La Defensoría del Pueblo consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, está “obligado moral y legalmente” a explicar al país las razones de la salida del ministro del Interior, Mariano González, y su relación con el apoyo que venía dando al equipo especial dirigido por la fiscal Marita Barreto.
A través de un comunicado, detalló que esta acción se debe dar en atención al principio de prohibición de ejercer el poder de forma arbitraria e injusta, derivado de los artículos 3 y 43 de la Constitución Política, vinculados al Estado Social y Democrático de Derecho.
“La institución denuncia que la voluntad presidencial de lucha contra la corrupción ha sido nuevamente puesta en duda, al conocerse la repentina salida del ministro del Interior, Mariano González, quien había designado a reconocidos oficiales de la Policía Nacional del Perú para apoyar al nuevo equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, creado por la Fiscalía de la Nación”, manifestó.
Asimismo, insistió en que la corrupción “socava las bases del sistema democrático y afecta la legitimidad de las instituciones”, y además vulnera los derechos de las personas y, con mayor intensidad, los de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Del mismo modo, detalló que al cumplirse el primer año del mandato presidencial, somos testigos de que Castillo Terrones no ha liderado el combate contra la corrupción; por el contrario, ha designado una serie de funcionarios no idóneos para el cargo, muchos de ellos investigados y procesados por graves delitos y faltas.
“Asimismo, mantuvo, pese a varios cambios de gabinete, a un funcionario seriamente cuestionado por su relación con la adjudicación irregular de obras: el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, actualmente prófugo de la justicia”, acotó.
Recordó que ha señalado lo inconveniente que resultan los constantes cambios en la titularidad del Ministerio del Interior, dado que impiden el desarrollo de acciones efectivas contra la inseguridad ciudadana.
Mencionó que desde que empezó el actual periodo de Gobierno han ejercido el cargo de ministro del Interior siete personas, hecho que –según subrayó- “ha dañado severamente” la institucionalidad del sector.
“La situación descrita implica una transgresión del deber constitucional del primer mandatario de proteger la seguridad de peruanas y peruanos que hoy son víctimas frecuentes de la delincuencia. Le corresponde garantizar de forma definitiva la estabilidad funcional del Mininter o asumir las responsabilidades funcionales del caso”, manifestó.