La Defensoría del Pueblo afirmó que ante admisión de demanda de amparo del exprocurador general del Estado Daniel Soria, corresponde al Poder Ejecutivo abstenerse de nombrar un reemplazante hasta que se determine de forma definitiva legalidad de su cese.
“Actuar de modo contrario, haría irreparable una arbitrariedad”, indicó la entidad en su cuenta institucional en Twitter, donde reiteró que el cese de Soria Luján “trasgredió” abiertamente la ley de la Procuraduría, y con ello se vulneró también el principio constitucional de autonomía del sistema de justicia.
“A nuestro juicio, corresponde al Poder Judicial determinar la ilegalidad del cese y corregir tal hecho dentro de un plazo razonable”, indicó la Defensoría del Pueblo en la red social.
MIRA: Atento emprendedor: conoce la campaña “Encuentra tu match financiero”
Como se recuerda, el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo que presentó Daniel Soria Luján con la que busca ser restituido al cargo de procurador general del Estado, cargo del cual fue separado por el exministro de Justicia y ahora primer ministro, Aníbal Torres.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de la magistrada Elizabeth Salas Fuentes, emitió la resolución en la cual dispone admitir a trámite el recurso planteado por el exprocurador.
El amparo pide declarar nulo y dejar sin efecto por “ilegal e inconstitucional” la resolución suprema 0234-2022-JUS del 1 de febrero, firmada por el presidente Pedro Castillo y el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres.
También pide que se anulen todos los actuados relacionados a esta decisión y que, en esa línea, se mantenga vigente la resolución que lo designó en el cargo a la cabeza de la Procuraduría General de la República en el 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra.
La demanda de amparo también plantea que el Poder Judicial exhorte al presidente Pedro Castillo y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) que se abstengan de incurrir en conductas infractoras de la Constitución.
La jueza Salas dispuso diez días para que la parte demandada (el Ministerio de Justicia) presente sus descargos y señaló que habrá una única audiencia pública para evaluar el caso, la cual será el 5 de mayo a las 12 p.m.