Ayer, las comisiones de Economía y de Justicia tenían un borrador del dictamen del proyecto que reemplazará el Decreto de Urgencia 003, que tiene como finalidad garantizar el pago de la reparación civil por parte de las empresas que cometieron actos de corrupción. No obstante, ante el pedido de los legisladores de hacer algunos cambios, la votación del mismo se postergó para mañana.
Uno de los cambios que se plantean en el documento, y que no estaba en la propuesta inicial del Ejecutivo, es el alcance de la norma, pues ya no solo se incluirá a las acusadas por corrupción, sus asociadas durante la buena pro de las obras, o a las compañías investigadas por este delito, también abarcará a las que, sin haber participado en la concesión, “hayan ostentado la condición de socios, asociados o consorciados al momento de la comisión del referido delito”.
Otro punto que lo diferencia de la iniciativa del Gobierno es que precisa que la figura de colaboración eficaz no excluye a las compañías del pago de la reparación civil; y que la Contraloría acompañará las obras de las empresas.
Asimismo, en el documento se establece que los consultores expertos que contrate el Ministerio de Justicia para que lo ayuden a determinar el precio de venta de los activos no deben tener ningún conflicto de interés con las firmas que están sujetas a esta ley.
Además, señala que la venta de activos de las empresas que están sujetas a la norma tiene que ser aprobada por el Ministerio de Justicia.
SALVATAJE
A la sesión conjunta de las comisiones llegaron los titulares de Economía y Justicia, Claudia Cooper y Enrique Mendoza, respectivamente. Cooper explicó que se necesitan flujos económicos ya que sin ellos “no se va a poder pagar a nadie”.
“Necesitamos conseguir que esos flujos se den, que se habilite la venta de las empresas o de los proyectos. Tenemos parados varios proyectos, es el caso de Chavimochic, Olmos”, indicó la ministra.
Del mismo modo, afirmó que no le están dando ninguna ayuda a las empresas, “a quien le estamos dando salvataje es a la economía de este país”.
Claudia Cooper precisó que se debe permitir que las empresas que aún no han sido declaradas culpables sigan contratando con el Estado.
En tanto, el congresista Yonhy Lescano (AP) planteó que se modifique la figura de colaboración eficaz porque “no se puede hacer borrón y cuenta nueva”.
Por su parte, el fujimorista Miguel Torres sostuvo que se tienen que agregar las infracciones y sanciones que se impondrán a quienes incumplan con la norma.
TENGA EN CUENTA
* El vocero alterno del oficialismo, Salvador Heresi, indicó que se tiene que garantizar que no se rompa la cadena de pagos.
* El 13 de marzo vence el plazo de un mes que se dio para la extensión del DU 003, por lo que Heresi espera que el reemplazo se debata en el Pleno el 8 de marzo.