Por más de siete horas, las comisiones de Economía y de Justicia debatieron ayer el proyecto del Gobierno que reemplazará el Decreto de Urgencia (DU) 003. Sin embargo, y ante la complejidad del tema, la ministra de Economía, Claudia Cooper, anunció que se ampliará el DU por 30 días para dar tiempo al debate.
El legislador Yonhy Lescano (AP) fue quien realizó el pedido de la extensión del plazo, al recordar que hoy vence la norma.
Cabe precisar que, al inicio de la sesión, la titular de Economía ya había adelantado que no dejarían ningún “vacío” en el tema, punto que había sido de preocupación para algunos parlamentarios.Sobre la ampliación del decreto, el vocero alterno de Fuerza Popular (FP), Héctor Becerril, manifestó que “no podíamos aprobar un dictamen a tres días de que fuera presentado”.
En tanto, el vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Gilbert Violeta, precisó que estos 30 días no deberían convertirse posteriormente en un “plazo indeterminado”, con lo cual pidió el compromiso de los parlamentarios en que este tema sea prioritario.
ALGUNOS CAMBIOS
Durante el debate, los parlamentarios presentes hicieron diversas observaciones a la iniciativa del Ejecutivo. Uno de los puntos que generó mayores dudas fue el del silencio administrativo positivo.
El proyecto del Gobierno indica que si una de las empresas quisiera transferir sus activos al exterior y el Ejecutivo no emite respuesta en 20 días, se entendería que esto fue aprobado.
Al respecto, Lescano (AP) resaltó que a la larga este punto “termina beneficiando a las empresas corruptas”, las cuales “se quedarían sin ningún tipo de control”.
Posteriormente, la ministra Cooper anunció que el punto del silencio administrativo sería eliminado.
“En el tema de la contratación de consultores (veedores), vamos a introducir que no exista conflicto de interés con las empresas”, añadió.
EN RIESGO
La ministra de Economía también advirtió que si no se hacía nada, solo en las nueve empresas más grandes involucradas hay más de 53 mil empleos formales que estarían en riesgo. “La situación de la economía está en grave riesgo por los últimos acontecimientos ligados a un grupo de 30 empresas constructoras (el ‘club de la construcción’)”, expresó.
Por otro lado, la funcionaria afirmó que el proyecto “no busca proteger ni beneficiar” a ninguna compañía.
Del mismo modo, precisó que el Decreto de Urgencia 003 “no cumplió con todos los objetivos” que tenía. Por ejemplo, refirió, “no permitió garantizar totalmente la continuidad de los proyectos ni evitar la ruptura de la cadena de pagos”.
Sobre ese punto, el presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, Hugo Alache, señaló, más temprano y en conferencia de prensa, que 169 empresas quebraron debido a la ruptura de pagos.
“Más de 60 mil trabajadores están impagos. El Gobierno ha sido incapaz”, anotó.
Cooper sostuvo que el DU 003 sí tuvo como fin evitar que Odebrecht enviara dinero al exterior, y que se retengan algunos pagos a favor del Estado.
Por su parte, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, resaltó que con la figura de colaboración eficaz que se crea para la empresas no se busca que se les excluye de culpabilidad, si se da el caso.