El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundada en parte la tutela de derecho solicitada por los congresistas Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, quienes pidieron que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se inhiba de la investigación que se les sigue por la presunta negociación de obras para impedir la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.
“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declara fundada en parte la tutela de derechos solicitada por Carlos Bruce y Mercedes Araoz, y dispone que Fiscalía de la Nación se pronuncie respecto a la solicitud de inhibición presentada por ambos”, publicaron en Twitter.
Según se indica en la resolución judicial publicada a través de las redes sociales, se dispone que la Fiscalía de la Nación se pronuncie respecto a la solicitud de inhibición.
“Requerir al fiscal de la Nación que emita pronunciamiento motivado, en plazo razonable, sobre las solicitudes de inhibición presentadas por los investigados”, manifiestan.
En ese sentido, señalaron también que "carece de objeto, por ahora, emitir pronunciamiento sobre los cuestionamientos a la imparcialidad y objetividad del fiscal de la Nación".
La resolución está firmada por el juez supremo, Hugo Núñez Julca, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, quien dirigió la audiencia.
Como se recuerda, Mercedes Araoz y Carlos Bruce presentaron un recurso de tutela de derechos cuestionando la falta de imparcialidad y objetividad del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, quien dirige la investigación preliminar.
El pasado noviembre, el fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski y los congresistas Mercedes Araoz y Carlos Bruce, entre otros, por la presunta compra de votos para evitar una vacancia en contra del ex mandatario.
En la denuncia constitucional, Chávarry hizo referencia a las dos mociones de vacancia presentadas contra PPK, tanto la de diciembre como la de marzo, que terminó con su renuncia al cargo.
A Araoz, en su condición de ex primera ministra, y a Bruce, como ex titular de Vivienda, se les imputa ser autores de los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado.