Es inaceptable que un ciudadano peruano que arriesgó su vida y la de su familia, proporcionando valiosa información de las actividades de los hermanos Quispe Palomino que operan en el Vraem, ahora sea perseguido por las autoridades en represalia por haber denunciado hechos irregulares que comprometen a militares y policías.
La Fiscalía, en lugar de darle protección, lo abandona a su suerte. Encima lo denuncia por terrorismo por actos que fueron registrados por la Policía cuando actuó como agente especial para ganarse la confianza de los mandos terroristas. No tiene un abogado, ni dinero y vive escondido porque los terroristas lo buscan por haberlos traicionado.
Esta historia constituye un ejemplo para que otros ciudadanos de la zona del Vraem dejen de colaborar.
Los militares y policías, al no haber pagado la recompensa ofrecida al ex agente especial, están incursos en los delitos de peculado y concusión.
Otro hecho grave es que nadie se quiere hacer responsable. El Ministerio del Interior dice que está investigando el pago indebido de la recompensa, la Fiscalía dice que es asunto de la Policía y la Dirandro se desentiende. Las FF.AA. no explican de dónde provino la información que utilizaron para la operación militar.