El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, hizo hoy un llamado al desaforado legislador Edwin Donayre, sentenciado a cinco años de prisión por robo de gasolina y prófugo desde hace una semana, para que se entregue a la justicia inmediatamente.
"Que se ponga a derecho por el bien de él, de su familia, que se ponga a derecho y que acate lo dictaminado por el Poder Judicial (...) Las sentencias son para acatarse", declaró a la prensa.
Salaverry manifestó que hay un aprovechamiento de la inmunidad por parte de algunos parlamentarios, en referencia a los meses que demoró el Legislativo para levantarle el fuero a Donayre, quien había sido sentenciado en primera instancia el año pasado.
"Más es responsabilidad de las comisiones que tienen a su cargo evaluar estas solicitudes del Poder Judicial y actuar rápidamente elevando el informe, recomendando levantamiento de inmunidad”, expresó.
Actualmente no se sabe cuál es el paradero del exparlamentario de Alianza para el Progreso.
Sobre la propuesta de que el Poder Judicial se encargue de aceptar el levantamiento de inmunidad de un legislador, el titular del Congreso dijo que dicha institución "no puede ser juez y parte".
Explicó que la Corte Suprema entraría en un conflicto si es la que retira el fuero de un parlamentario, ya que estaría adelantando un veredicto si la investigación llega a una condena.
En ese sentido, resaltó la importancia de la recomposición de las comisiones para que no sean manejadas por algunas bancadas. "Suena bien decir ya no habrá inmunidad", dijo Salaverry pero reconoció que dada la conformación actual del Congreso "eso no va ocurrir".
La condena concluye que, como general del Ejército y comandante de la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales y la Región Militar Sur -donde se produjo la apropiación ilícita de combustible-, Edwin Donayre es responsable directo del hecho, registrado en 2006.
La resolución indica que Donayre "firmó las actas de entrega y recepción de combustible y refrendó los requerimientos". “Está probado que (Donayre) recibió combustible excepcional”, agrega. Además, advierte que el legislador intentó "regularizar" las órdenes de pedido de combustible con el fin de obstaculizar la investigación de la Inspectoría General del Ejército.