El informe final de la Comisión de Ética, que recomienda la suspensión por 120 días de la congresista Yesenia Ponce, de Fuerza Popular (FP), fue presentado el pasado 24 de julio pero aún no se debate en el Pleno.
En virtud a ello, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, anunció que en el próximo Consejo Directivo solicitará que se dé "viabilidad" a todos los temas pendientes vistos en el grupo de Ética.
“Todos esos temas, no solo el de la congresista Yesenia Ponce. (...) Le daremos viabilidad para que se vean cuanto antes porque son temas que nos preocupan a todos”, añadió.
Ponce, se recuerda, fue denunciada por presuntamente pagar S/10 mil al director del colegio donde habría terminado su secundaria; por entregar un regalo al ex presidente de la Comisión de Ética, Juan Carlos Gonzáles; y por los compañeros y profesores 'fantasmas' que había declarado como existentes.
Salaverry también se refirió a la situación del legislador Benicio Ríos, de Alianza para el Progreso (APP), quien está prófugo de la justicia. Al respecto, informó que el parlamentario tiene una licencia de 10 días. “No existen las licencias indefinidas, no existen”, alegó. Lo cierto es que Benicio Ríos no ha aparecido por el Palacio Legislativo desde que el Poder Judicial ordenó su captura.
“Respecto de los cobros indebidos que hizo, tengo entendido que después de anunciar públicamente el acuerdo de la Junta de Portavoces, al día siguiente a primera hora, personal de su despacho se acercó con uno de los cheques que son de semana de representación; sin embargo, todo lo que cobró en los meses anteriores, aún no ha sido devuelto”, indicó el titular del Legislativo.
Como se recuerda, este congresista fue condenado a siete años de prisión en diciembre del año pasado por el delito de colusión agravada al adquirir terrenos con precios sobrevaluados para un relleno sanitario cuando era alcalde de la provincia de Urubamba, en Cusco.
Lo dicho por Salaverry fue en el marco de la presentación de un aplicativo para que la ciudadanía pueda acceder a la información de bienes y servicios que tramitan los 130 congresistas de la República.