'Los Cuellos Blancos del Puerto': prófugos irán al sistema de recompensa

Tras la captura de Antonio Camayo —gerente general de Iza Motors— y otros 10 integrantes de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', aún quedan dos personas prófugas de la justicia, quienes serán consideradas en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior.

"Hay una (persona) prófuga en el extranjero, en Estados Unidos, y la otra que tenía más inmuebles que los que están autorizados", señaló hoy el ministro del Interior, Mauro Medina, en enlace telefónico con RPP. 

"Se van a tomar las medidas del caso, se va a proceder a hacer las gestiones por intermedio de la Policía Nacional para que sean considerados en el sistema de recompensas", aseveró. 

El primero de ellos, actualmente en Estados Unidos, es el abogado Marcelino Meneses Huayra con DNI 06173118, quien es sindicado por la Fiscalía de Crimen Organizado del Callao como una de las personas beneficiadas por las actividades ilícitas de esta  organización criminal.

Anteriormente, fue acusado de hacer cobros indebidos valiéndose de sus funciones en el Parlamento cuando era asesor del congresista fujimorista, Alejandro Abanto Pongo, durante el periodo legislativo 1995-2000.

Una comisión investigadora del Congreso determinó en 1999 que tanto el parlamentario como algunos de sus asesores —entre ellos Marcelino Meneses— estuvieron involucrados en presuntos actos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, aprovechamiento del cargo y uso indebido de bienes públicos.

El segundo prófugo es identificado como Fernando Alejandro Seminario Arteta con DNI 06492307. El organigrama elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP) también lo señala como uno de los favorecidos por la banda encabezada por Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia (CSJ) del Callao. 

Los once detenidos en el megaoperativo que contó con la participación de 400 policías y 21 fiscales fueron puestos a disposición de la Fiscalía. 

Actualmente se encuentran con detención preliminar por 15 días, esperando la resolución fiscal posterior de detención preventiva en caso así lo disponga el juzgado que está a cargo de esta investigación.