El juez Martín Hurtado es protagonista de audios con el prófugo exvocal supremo César Hinostroza Pariachi.
El juez Martín Hurtado es protagonista de audios con el prófugo exvocal supremo César Hinostroza Pariachi.

Los audios que protagonizan el juez supremo y el prófugo exmagistrado César Hinostroza, sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, han sido elementos suficientes para que el fiscal supremo inicie contra el primero una investigación preliminar por 180 días.

En su disposición N° 2, a la que accedió Perú21, Pablo Sánchez advierte hasta seis hechos irregulares en los que Hurtado habría participado siendo miembro de la Corte Suprema.

Los actos son tan graves que se le ha imputado cinco presuntos delitos: organización criminal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Llamadas y acuerdos

Para el fiscal Sánchez, “se puede presumir válidamente” que en las comunicaciones telefónicas entre el actual miembro de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema e Hinostroza existía “un acuerdo previo e implícito” de favorecerse o ayudarse mutuamente “en procesos judiciales de interés”.

En un audio del 8 de marzo de 2018, por ejemplo, se escucha a César Hinostroza recordarle a Martín Hurtado que tenían un acuerdo para que el primero sea el próximo presidente del Poder Judicial. Y por eso le reclamó por qué había recibido en su oficina a Javier Arévalo, quien también tentaba ese cargo.

“Él (Arévalo) antes en pleno concurso me buscó, conversamos y yo le dije que no porque yo estaba comprometido contigo (...) lo he desahuevado en primera”, le contó Hurtado a Hinostroza.

El otro hecho ilícito advertido salió de ese mismo diálogo, cuando Hurtado hace referencia al “concurso”. Se trata del proceso de nombramiento que rindió en 2017 ante el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Hurtado menciona que Arévalo lo quería “ayudar” en su concurso intercediendo ante “Guido”, quien no sería otro que el extitular del CNM, el investigado Guido Aguila Grados. “(Arévalo) me quería apoyar con Guido, si a Guido yo lo visito a cada rato”, comentó el magistrado.

En una convesación del 25 de enero de 2018, Hinostroza le pide a Hurtado que le pase el número de la magistrada Lucía La Rosa Guillén para que esta atienda a su amigo “Julián Feijó”.

Luego, en otra llamada, Hinostroza le dice a Hurtado que “Juliancito” irá a su despacho “para que te cuente un temita”.

Otro de los hechos que se le atribuye es haber intervenido en la ratificación de Ricardo Chang como juez superior, y este en reciprocidad –según la hipótesis fiscal– concedió en mayo de 2018 un amparo que favoreció a Hinostroza y a Hurtado con la nivelación de sus remuneraciones y se les abone el 25% de su sueldo básico como jueces supremos. El salario de este alto funcionario asciende a S/42,717.

SOLO ANTE AUTORIDADES

Este diario se comunicó con Hurtado para recoger su versión, pero se limitó a dar breves declaraciones por mensajes a través de WhatsApp.

“Solo declararé ante las autoridades competentes e imparciales, hoy no hay garantías en el Ministerio Público para ejercer el derecho al debido proceso”, manifestó.

Además, cuestionó que se haya “filtrado” información que –en su opinión– “es de carácter reservado”. “Solo pido objetividad e imparcialidad porque la disposición fiscal está basada en conjeturas y subjetividades”, finalizó.

Datos

-En 2016, cuando era presidente de la Primera Sala Civil de Lima, Martín Hurtado avaló una medida cautelar que favoreció a la asociación de invasores Súmac Pacha y que impidió a Sedapal administrar las plantas de tratamiento de Lurín.

-Ese fallo permitió que los dirigentes de Súmac Pacha tomaran posesión de un terreno de 67 mil m2, quienes impunemente arrojaban desmonte a las lagunas de oxidación de la planta de Nueva Lurín, ocasionando daños hasta por US$30 millones.

-En noviembre de 2016, luego de que la Policía se viera obligada a dejar de custodiar el terreno de Sedapal por la medida cautelar, Hurtado alegó que la resolución no habilitaba a Súmac Pacha a apoderarse de los predios.

-“No hubo mandato judicial para la reposición del terreno, eso sería un acto delictivo”, se excusó en el programa Mira quién habla.