Cuando en los 90 se puso a las Fuerzas Armadas al servicio del poder

En nuestra historia reciente hubo ya una época en donde ocurrió un grosero manoseo político en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por parte del gobierno de turno. Y todo terminó en desastre, con la mayoría de sus actores respondiendo ante tribunales y encarcelados. Lo evidenciado estos días hizo recordar las épocas oscuras, en donde se dictaban desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) los ascensos, se rompían las tradiciones castrenses por intereses y, ciertamente, se quebrantó la democracia. Una historia que no se debe repetir.

Alrededor de las nueve de la mañana del 19 de diciembre de 1991, asumía la Comandancia General del Ejército Peruano –en la explanada mayor del Pentagonito (San Borja)– el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos. Una ceremonia clave a la que acudió el entonces mandatario Alberto Fujimori, ministros de Estado y la plana mayor del instituto armado.

Días después, ya en enero de 1992, y con el beneplácito de Fujimori, Hermoza Ríos se haría de la jefatura del Comando Conjunto de las FF.AA., en reemplazo del teniente general FAP Arnaldo Velarde Ramírez, con lo que se daría pase a lo que se calificaría como el “triunvirato”, conformado por el asesor en la sombra Vladimiro Montesinos, el propio Fujimori y Hermoza Ríos.

Fue el inicio de toda una era, pues este último se quedaría en el poder seis años y ocho meses, llegando a ser considerado, después de Fidel Castro y Augusto Pinochet, nada menos que como “el tercer jefe militar del continente con más años en el puesto”.

Su llegada al mando, no obstante, respondía a intereses oscuros. Poco antes de su asunción, ya Montesinos venía tejiendo sus hilos al interior de las FF.AA., tal como ocurría con el Poder Judicial y otros frentes del Estado de derecho. Buscaba a alguien manipulable, corrompible, y a quien no aceptaba sus términos se les frustró de alguna u otra forma sus carreras militares.

Para la asunción de Hermoza Ríos no hubo un relevo de cuadros abrupto, pero sí se fue descabezando la institución hasta que finalmente se llegó a él, creándose luego un mecanismo legal y las condiciones para que permanezca en el poder hasta agosto de 1998.

“Montesinos sabía, por haber sido militar y circundado las alturas del poder a principios de la década de 1970, que el Ejército era la clave. Y se abocó de inmediato a controlarlo”, explica Fernando Rospigliosi en “Montesinos y las Fuerzas Armadas” (IEP, 2001).

Cambios y recambios

Un año antes de asumir Hermoza, en diciembre de 1990, el general del Ejército Jorge Zegarra iba a pasar al retiro, por lo que correspondía que su par Juan Fernández Dávila tome la Comandancia General del EP. Pero había un detalle, él “no era manipulable, por tanto, no encajaba en los planes de Montesinos”.

Así, el asesor de Fujimori se hizo de una denuncia en su contra, entregada por un militar que se habría enfrentado a él antes sin éxito —y a quien luego buenamente se recompensaría con un ascenso—, para así hacerlo caer y sacarlo del medio. Fernández buscó aclarar la situación de la denuncia pública, pero todo ya estaba en marcha.

El siguiente en la línea de sucesión en el Ejército era Pedro Villanueva, quien asumió la Comandancia General del Ejército en enero de 1991. Pero solo fue una transición hacia lo que buscaba Montesinos, adelantándose su relevo en diciembre.

“Hasta ese momento, Montesinos podría ejecutar ese tipo de maniobras, pero no violar completamente las tradiciones y los reglamentos, como lo haría después”, remarca Rospigliosi.

Para 1991, el poder del asesor presidencial al interior del Ejército era muy fuerte, autorizando de motu proprio los cambios de los subalternos y saldando cuentas del pasado, retirando del medio a posibles opositores.

En diciembre de aquel año llegó Hermoza Ríos a la Comandancia General y consintió las condiciones de Montesinos, como el autogolpe de abril 1992, donde su respaldo fue un punto importante.

El discurso de asunción de Hermoza Ríos en el Pentagonito suena ahora trillado, al estar plagado de promesas que no tardaría mucho en romper, como el fortalecimiento de la unidad institucional y el restaurar el orden interno dentro de los derechos humanos.

El hambre de poder desde su parte estaba claro. Y al día siguiente de asumir la Comandancia del Ejército, pasó al retiro a los generales Luis Palomino, Jaime Salinas y José Pastor, siguientes en la línea de mando y quienes podrían irrumpir sus planes políticos y los de sus socios del triunvirato. Así, ofreció al poder de turno su incondicionalidad.

De hecho, como posteriormente se conocería, fue en la casa de Hermoza Ríos en donde los jefes militares fueron informados del autogolpe del 5 de abril de 1992 dos días antes, en encuentro en donde participaron también Fujimori y, por supuesto, Montesinos.

Auge y caída

En el triunvirato, en donde el asesor presidencial “era el hombre más fuerte” —al controlar los servicios de inteligencia del país, los medios, el Congreso y otros entes—, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Río contaba con el respaldo de los mandos militares, habiendo establecido “una relación prebendaría” con un sector, mientras que otro lo observaba como la última reserva de institucionalidad frente al oscuro Montesinos.

A pesar de todas las polémicas por las que se vio envuelto y pedidos de renuncia de legisladores de oposición, Hermoza Ríos fue ratificado en el cargo por Fujimori una y otra vez, un apoyo que era incondicional y recíproco de su parte, aunque con algunas desautorizaciones en público (como la autoría de la Operación Chavín de Huántar).

El 20 de abril de 1993, Hermoza Ríos salió a negar la participación del Ejército en las matanzas de La Cantuta y denunció una supuesta campaña desprestigio en su contra. Luego se destaparía la participación del Grupo Colina. Y en octubre de ese mismo año coincidió con Fujimori en que no se debería aceptar la tregua planteada por el sanguinario terrorista Abimael Guzmán. En setiembre de 1995, defendió y destacó la labor de Montesinos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Hay varias versiones sobre lo que gatilló su salida de este triunvirato, en una mezcla de traiciones por parte de Montesinos para hacerse del control absoluto en el alto mando así como las presiones por su interés en la solución bélica del conflicto con Ecuador. Sin embargo, todos los medios coincidieron en informar en que su salida llegó de forma sorpresiva, el 20 de agosto de 1998.

Hermoza Ríos llegó a Palacio de Gobierno para lo que se suponía una reunión más, pero allí ya lo esperaban Fujimori y los generales Julio Salazar Monroe y César Saucedo, quienes le informaron de la decisión de relevarlo. Fue prácticamente una emboscada.

Saucedo era el encargado de sucederlo, dejando su cargo del Ministerio de Defensa, pasando de un cargo político a la institución y burlando una vez más la tradición. Hermoza Ríos solo permaneció al interior de la Casa de Pizarro 25 minutos, antes de estrechar escuetamente la mano de Fujimori al pie de las escaleras de la puerta principal de Palacio y retirarse.

“Tensión Militar por el relevo de Hermoza Ríos”, tituló, por ejemplo, El Comercio al día siguiente. Aunque, ciertamente, su salida fue saludada ampliamente por diversos sectores, unos, por supuesto, más escépticos que otros.

“Era una especie de tapón que no permitía la renovación de mandos militares y truncaba las aspiraciones de otros oficiales”, declaró a La República el general en retiro Rodolfo Robles. El entonces alcalde Alberto Andrade refirió en aquel entonces que “otra persona que debería seguir los pasos de Hermoza Ríos es el asesor presidencial”.

Sobre su reemplazo, Rospigliosi remarca que “Saucedo era, evidentemente, un hombre de paja, solo para la transición que preparaba el terreno a lo que se venía y que fue despedido sin contemplaciones”. En julio de 1999 asumiría la Comandancia del Ejército José Villanueva Ruesta, compañero de promoción de Montesinos, dejando en claro su influencia.

TENGA EN CUENTA:

En 2016, Hermoza Ríos fue sentenciado junto a Vladimiro Montesinos a más de 20 años de prisión por la desaparición forzada de un profesor y dos estudiantes en los sótanos del SIE en 1993.

Con esta sentencia, la justicia comprobó la existencia de un horno en el Pentagonito, como parte de una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos en el gobierno de Alberto Fujimori.

También fue condenado por apropiarse de US$21 millones destinados para la compra de armas.

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