Comisión especial termina hoy las entrevistas. (GEC)
Comisión especial termina hoy las entrevistas. (GEC)

Redacción PERÚ21

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Un grupo de once especialistas y profesores de Derecho, entre ellos Walter Albán, Yván Montoya y Beatriz Ramírez, cuestionaron la falta de transparencia en las entrevistas a los postulantes para la (JNJ).

En un comunicado, señalaron que no se respetó el carácter público del proceso, pues la sociedad civil no pudo estar presente en las entrevistas.

“Solo se puede ver en una transmisión cerrada que tiene cortes. Quisimos observar en vivo las entrevistas, pero no lo permitieron. Ver el antes y el después de esta evaluación final también es importante para tener un impresión de cómo se ha organizado”, señaló a Perú21 Yván Montoya.

El abogado añadió que realizar este proceso en plenas fiestas de fin de año ha provocado que pase casi desapercibido entre la ciudadanía. “No sé si ese era el propósito, pero no ha debido ser así”, sostuvo.

Pronunciamiento de profesores de Derecho. (Difusión)
Pronunciamiento de profesores de Derecho. (Difusión)

Sobre el desarrollo de las entrevistas, Montoya señaló que faltó una mayor incidencia en el presunto desbalance patrimonial de algunos candidatos y una mayor capacidad en los evaluadores para plantear sus interrogantes.

“Había preguntas demasiado parametradas y no se repreguntaba cuando las respuestas podían ser evasivas en temas como posibles conflictos de intereses”, señaló.

Esta última etapa del concurso para la JNJ se inició el último jueves y culminará hoy.Ayer se entrevistó a 13 de los 29 postulantes que clasificaron a este tramo final.

Caso para profundizar

Una de las entrevistas que llamó la atención fue la de Jaime Gómez Valverde, exgerente general del Poder Judicial.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le preguntó por el contrato que firmó en dicho cargo con Iza Motors –empresa de Antonio Camayo, investigado por el caso Los Cuellos Blancos– en 2017.

Gómez señaló que una auditoría determinó que no hubo irregularidad. No se le preguntó por una demanda de indemnización que ese mismo año presentó el procurador de la Contraloría contra Gómez por más de S/500 mil al aprobar “un convenio sin opinión legal previa y utilizando una tasa que no correspondía”, según señala la demanda.