Que se fugue un reo y que sea grabado por las cámaras de los teléfonos de los vecinos del penal ya no causa asombro en nuestro país. Pasó la noche del lunes, los vecinos, desde sus ventanas, capturaron la ‘hazaña’ canera de John Kennedy Javier Sebastián. Saltó los muros del penal Lurigancho y se fue.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha tomado medidas, pero aún siguen buscando al habilidoso salta muros. Esta situación abre, otra vez, el debate de un tema más grande: la fragilidad de la seguridad en el cárceles peruanas.
El Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, el más poblado del país, enfrenta una serie de problemas que han puesto en duda la gestión en seguridad y control deI INPE. Desde fugas de internos hasta el acceso clandestino a internet.
LA FUGA EN VIDEO
John Kennedy Javier Sebastián logró escapar del pabellón 10 del penal. Según reportes, el recluso burló los controles de seguridad, escaló la malla perimétrica y saltó el muro exterior, evadiendo los disparos de advertencia de los agentes penitenciarios. La fuga generó una intensa movilización policial en San Juan de Lurigancho, pero hasta el momento el prófugo no ha sido recapturado.
@diarioperu21 🚨 Insólita fuga en Lurigancho Un recluso escapó del penal más poblado del país trepando un muro y gritando: ‘’¡Aleluya! Cristo Vive’’. Videos grabados en los alrededores muestran al interno huyendo mientras personal del INPE lo perseguía. El hecho ocurrió durante una actividad rutinaria y generó un despliegue policial en la zona. #Fuga #NoticiasPerú #INPE #Actualidad #ÚltimoMinuto #peru
El INPE ordenó la remoción del director del penal, el relevo del personal de seguridad involucrado y el reforzamiento de la seguridad interna y externa. También se iniciaron indagaciones administrativas a cargo de la Oficina de Asuntos Internos para determinar responsabilidades disciplinarias.
HACINAMIENTO
La crisis de hacinamiento en las cárceles peruanas ha alcanzado niveles alarmantes. Actualmente, los 68 establecimientos penitenciarios del país tienen capacidad para 41,764 internos, pero albergan a 99,448, lo que representa una sobrepoblación de 57,684 reclusos. Esto equivale a un 238% de exceso, lo que ha llevado al Tribunal Constitucional (TC) ha declarar la situación de los penales como ‘inconstitucional’.
Por ejemplo, Lurigancho tiene una capacidad para 3,204 internos, pero un informe del INPE de enero del año pasado contó en dicha cárcel a 9,657 reos. Lo que genera una sobrepoblación 6,453 presos, en porcentaje un 201% de hacinamiento.
En mayo próximo vence el plazo que el TC otorgó al Estado para enfrentar esta crisis. Si no se toman medidas efectivas, seis de los penales más hacinados podrían cerrar temporalmente, prohibiendo el ingreso de nuevos internos.
INTERNET ILEGAL
A pesar de los bloqueadores de señal instalados en los penales, los internos han encontrado formas de acceder a internet. Investigaciones periodísticas revelaron que en Lurigancho y Castro Castro, los reclusos utilizan antenas repetidoras de Wifi colocadas en viviendas cercanas para conectarse a la red. Estas antenas logran burlar los bloqueadores de señal, permitiendo que los internos accedan a redes sociales y realicen llamadas clandestinas muchas de ellas extorsivas. En respuesta, el INPE ha ejecutado operativos para desmantelar estas conexiones ilegales, pero estos no son suficientes.
CÓMO MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS CÁRCEL
Ante la crisis penitenciaria, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) presentó un proyecto de Decreto de Urgencia para declarar en emergencia el sistema penitenciario nacional. La iniciativa propone una inversión de S/ 3,230 millones para mejorar la infraestructura y seguridad en los penales, reducir el hacinamiento y fortalecer los programas de resocialización.
También existen iniciativas legislativas que buscan privatizar la administración y construcción de cárceles en Perú. Uno de los proyectos más recientes fue presentado por el congresista Alejandro Cavero en agosto de 2024. Su propuesta busca permitir la participación del sector privado en la gestión penitenciaria a través de convenios de cooperación con el Estado. La idea es mejorar la infraestructura y reducir el hacinamiento.
Otro proyecto, impulsado por el congresista Wilson Soto en enero de 2025, propone una privatización parcial de los establecimientos penitenciarios. Su enfoque busca delegar parte de la administración a empresas privadas, pero manteniendo la seguridad bajo control exclusivo del INPE. Además, plantea que los internos participen en programas de resocialización y trabajo productivo.
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