Desde el inicio de las investigaciones del caso Lava Jato hasta la discusión de los ejes temáticos de la VIII Cumbre de las Américas, la corrupción se ha mantenido en la agenda mediática. En este encuentro regional, su impacto más relevante en los recursos del país fue precisado por el presidente Martín Vizcarra: representa cerca del 2% del Producto Bruto Interno (PBI).
La cifra corresponde a una estimación del Banco Mundial, que refleja lo que en promedio pierden los países cada año; sin embargo, no es la única referencia.
Según estimaciones que daba la Defensoría del Pueblo el año pasado, el “costo de la corrupción” en el Perú significa cerca del 10% del presupuesto público anual. Es decir, es afectada la décima parte de los recursos que son destinados a salud, infraestructura, gastos administrativos, seguridad, educación en beneficio de la ciudadanía.
PRECIO A PAGAR
¿Cómo se traduce esto para los ciudadanos? Un análisis de Contribuyentes por Respeto, que toma como referencia la cifra de la Defensoría del Pueblo, da a conocer que en los últimos cuatro gobiernos, desde el de Alejandro Toledo hasta el mandato inconcluso de Pedro Pablo Kuczynski, la corrupción “le costó” al Estado S/136,147 millones.
Ese monto, según explica Juan José García, jefe de Investigación de Contribuyentes por Respeto, hubiera sido suficiente para construir casi ocho veces la Línea 2 del Metro de Lima, edificar 651 centros penitenciarios en el país.
“Tomando como punto de partida lo estimado por la Defensoría del Pueblo sobre la corrupción, podemos determinar que, desde 2001, las pérdidas del país por la corrupción ascienden a S/136 mil millones, un monto que es muy aproximado al presupuesto fiscal de 2016”, explica García a Perú21.
INCREMENTO
Si bien al hacer la comparación por gobiernos, las cifras más altas se observan al final del gobierno de Ollanta Humala (2012-2016), con S/59,201 millones, vale resaltar que este monto significó un aumento de 57.7% respecto al gobierno anterior. En tanto, la cifra de este último periodo fue 73.38% superior a la que se registró en el gobierno de Alejandro Toledo.