La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anunciará el próximo martes 13 de marzo si procede o no el pedido de extradición por el prófugo ex presidente Alejandro Toledo, a quien la Fiscalía acusa de recibir US$20 millones en sobornos de parte de Odebrecht.
En la audiencia realizada hoy en Palacio de Justicia, los magistrados de la sala, encabezados por el juez César San Martín, escucharon los alegatos de los representantes de la Fiscalía, la Procuraduría y de la defensa de Toledo.
Roberto Su, abogado del ex mandatario, señaló que el Ministerio Público no ha logrado acreditar pruebas que corroboren lo dicho por los colaboradores Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, y Josef Maiman, empresario israelí.
Según Su, no se ha verificado las transferencias bancarias del presunto dinero ilícito que habrían realizado Odebrecht y Maiman a través de cuentas off shores. Indicó que si bien ambos entregaron documentos, estos deben ser contrastados con los bancos desde donde se emitieron los desembolsos.
Además, sostuvo que Toledo, quien vive en Estados Unidos, no pudo incurrir en el delito de colusión porque entre las funciones de un jefe de Estado no figura coordinar las licitaciones y contrataciones del Estado. Agregó que, con respecto a la imputación de tráfico de influencias, ese delito ha prescrito en 2012.
El fiscal supremo Abel Salazar, por su parte, argumentó que para que proceda una extradición deben existir causas probables de los delitos y consideró que en el caso del ex presidente de la República sí se cumplen los requisitos.
En réplica a lo dicho por la defensa, Salazar manifestó que las atribuciones hechas a Toledo por la Fiscalía sí aplican porque se tiene en cuenta que el ex mandatario "tuvo un grado de participación" en la licitación de la Interoceánica Sur.
Como se sabe, a Alejandro Toledo se lo investiga por recibir millonarios sobornos de Odebrecht a cambio de conceder la IIRSA Sur a la constructora brasileña. Por ello, tiene una orden de prisión preventiva de 18 meses.