(USI)
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El presidente de la Corte Superior de Lima, Héctor Lama More, aclaró hoy que no existe ningún impedimento jurídico y constitucional para que una persona que ya cumplió su sentencia por terrorismo pueda ejercer sus derechos civiles, incluido la docencia, pese a que hay un decreto supremo, que se aprobó en el gobierno pasado, que lo prohíbe.

El magistrado subrayó que si quiere bloquear que estas personas que fueron sentenciadas por dicho delito no vuelvan a las aulas, debe haber una ley expresa que lo impida. De hecho, hay una iniciativa legal que está en el Congreso, que hasta ahora no la aprueba.

"Bueno en principio lo que tendríamos que reconocer es que si una persona (sentenciada por el delito que fuera, en este caso por terrorismo) cumplió su pena, salvo que la sentencia haya establecido una limitación en el ejercicio de sus derechos civiles, podría ejercer cualquier tipo de actividad compatible con su quehacer cotidiano en el marco constitucional", dijo en Ideeleradio.

Indicó que mientras no haya una norma expresa como la mencionada, las autoridades son las que, por sentido común, deben contratar a personal docente idóneo para que los alumnos "estén a buen recaudo respecto a la enseñanza que reciben".

En ese sentido, precisó que debe ser el sector competente el que debe establecer el perfil de maestro que se desea tener en las escuelas públicas del país.