La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ha solicitado al Estado peruano que, a más tardar el próximo 5 de diciembre, informe a ese organismo supranacional sobre la acusación constitucional formulada ante el Congreso de la República contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por presunto delito de prevaricato.
La referida denuncia, se recuerda, responde a la decisión adoptada por cuatro miembros del TC: Manuel Miranda (presidente), Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, quienes, en marzo de 2016, resolvieron eliminar parte de la sentencia que ese mismo ente emitió en 2013 en la que se establecía que los hechos registrados en El Frontón no constituían delito de lesa humanidad.
En una carta, suscrita por el secretario ejecutivo de la Corte, Pablo Saavedra, y remitida a Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, dicha instancia informa también que entre el 29 de enero el 9 de febrero de 2018 se llevará a cabo la audiencia sobre la sentencia del caso Durand-Ugarte a efectos de supervisar su cumplimiento.
Nolberto Durand Ugarte (23) y Gabriel Ugarte Rivera (35) fueron detenidos por presunto delito de terrorismo en febrero de 1986 y recluidos en el penal de El Frontón. Tras el debelamiento de un motín en sus instalaciones, sus cuerpos no fueron encontrados.
En agosto de 2000, la Corte dispuso el pago de US$ 125,000 a los deudos de Durand y Ugarte así como la investigación y sanción a los responsables del hecho, entre otras cosas.