Corte IDH condenó al Perú por cese de funcionarios en 'autogolpe' de Fujimori

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó este jueves un fallo en el que declaró culpable al Estado peruano por violar los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de tres funcionarios del Congreso cesados en 1992 en el marco del llamado 'autogolpe' de Alberto Fujimori.

La Corte -iDH encontró que el Estado es responsable por los impedimentos normativos y prácticos para asegurar un acceso real a la justicia de Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga.

El caso se enmarca en el cese de 1,117 trabajadores del Congreso, en diciembre de 1992, tras la ruptura del orden democrático-constitucional ocurrida el 5 de abril de ese año.

En ese momento, la situación en Perú se encontraba convulsionada por el 'autogolpe' de Estado propiciado en 1992 por el presidente Alberto Fujimori (1990-2000), con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que tuvo, entre otras consecuencias, el cierre del Parlamento.

La Corte-IDH concluyó que, al momento de los hechos, existía en Perú "un contexto generalizado de ineficacia de las instituciones judiciales, de ausencia de garantías de independencia e imparcialidad y de ausencia de claridad sobre la vía a la cual acudir frente a los ceses colectivos, lo que devino en denegación de justicia".

El tribunal informó de que no encontró méritos para declarar la violación al derecho a la igualdad ni para declarar la violación al derecho a la propiedad privada, alegadas por las víctimas, ya que no estaban específicamente determinados en el informe de fondo entregado a los jueces.

La Corte IDH no ordenó el regreso a sus cargos para las víctimas porque, transcurridos 23 años de los ceses laborales, "la reincorporación o reposición de las víctimas en sus antiguos cargos o en otros análogos enfrenta diversos niveles de complejidad y operatividad, en particular, por la modificación de la planta de personal en el Congreso".

Los jueces ordenaron al Estado peruano pagar a Carlos Alberto Canales y José Castro la suma US$350,000 a cada uno como indemnización por daño material, inmaterial y aporte de pensión; mientras que María Gracia Barriga tendrá que recibir una compensación de US$90,000.

La Corte IDH fijó en US$5,000, distribuidos en equidad para cada una de las víctimas, los costos y gastos realizados en el litigio del caso en el plano nacional e internacional, que deberá ser pagado por el Estado peruano en un periodo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia.