Ejecutivo envía al Congreso pedido de facultades para legislar sobre penales

De acuerdo a lo anunciado, el Poder Ejecutivo remitió esta mañana al Congreso de la República el proyecto de ley que le delega la facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria con el fin de dar medidas que permitan el deshacinamiento de internos en los penales y centros juveniles en el marco de la lucha contra el COVID-19.

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A través de un oficio remitido al titular del Congreso, Manuel Merino de Lama, por el presidente Martín Vizcarra, el Ejecutivo pide el otorgamiento de facultades “por el término de siete días calendario contados a partir de la vigencia de la ley”.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el gobierno precisa que nivel de hacinamiento de los centros penitenciarios “compromete directamente la salud de los internos, así como de los agentes de seguridad, administrativos, abogados y funcionarios que trabajan en dichos centros de reclusión”.

Refiere que, a enero de 2020, la población penitenciaria llega a 97,643 internos, lo que representa una sobrepoblación que supera el 140%. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), actualmente hay 97,643 internos siendo la capacidad real de albergue de solo 57,304 internos en todo el país.

Agrega que el riesgo de contagio se ha materializado pues, a pesar de las medidas de control adoptadas, hay 1,223 internos contagiados con coronavirus, de los cuales 945 se encuentran recluidos. Asimismo, hay 182 fallecidos entre la población penal.

En cuanto a los trabajadores, se ha establecido que hay 674 contagiados, de los cuales 607 se encuentran en sus casas. A esta cifra se suman 12 fallecidos.

En cuanto a los centros juveniles, el proyecto del Ejecutivo precisa que si bien se trata de un contexto “menos convulsionado”, también presentan un riesgo de contagio y sobreexposición al COVID-19.

“A enero de 2020, se reportaron más de 2100 adolescentes internos a nivel nacional cuando la capacidad de albergue es de 1665”, precisa.

Señala también que los proyectos del Ejecutivo presentados oportunamente al Congreso para aliviar el hacinamiento en los penales fueron archivados por lo que, dice, “consideramos indispensable volver a solicitar facultades para legislar a fin de que se nos autorice a implementar mecanismos, herramientas y procedimientos que permitan la variación de la situación jurídica de la población de estos establecimientos”.

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