"El día de hoy se ha desarrollado la continuación de la declaración de Pedro Chávarry, y efectivamente, él ha contestado aproximadamente 39 preguntas que le hemos formulado", señaló Abia. (Foto: Juan Ponce / GEC)
"El día de hoy se ha desarrollado la continuación de la declaración de Pedro Chávarry, y efectivamente, él ha contestado aproximadamente 39 preguntas que le hemos formulado", señaló Abia. (Foto: Juan Ponce / GEC)

El juez Manuel Chuyo convocó para este jueves a audiencia de control de acusación por uno de los dos procesos en los que se divide el , que implica la concesión del megaproyecto a la empresa Odebrecht, y que en esta etapa a está a cargo del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia.

Abia acusa de colusión agravada al exfuncionario de Provinversión Edgar Ramírez Cadenillas y a la exrepresentante de Odebrecht, Claudia Hokama.

Según la investigación, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), Ramírez y Hokama acordaron favorecer a la compañía con la licitación del millonario proyecto Gasoducto del Sur, que hoy se encuentra paralizado. Proinversión "descalificó irregularmente" al consorcio con el que competía Odebrecht en ese momento, señala la Fiscalía

Esta maniobra generó, según la acusación, un perjuicio de US$136 millones para el Estado. Ese monto es la diferencia entre la propuesta económica que entregó el consorcio integrado por la compañía brasileña (US$7,328 millones) y la de su competencia (US$7,192 millones).

El exfuncionario de Proinversión "faltó al principio de neutralidad al haberse concertado con Claudia Hokama" para beneficiar a la firma con la concesión, que fue otorgada en junio de 2014, señala la denuncia del Ministerio Público.

En este proceso, el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, pide S/1,480 millones como reparación civil. El monto propuesto, que tendrá que ser confirmado por el juez Chuyo, deberá ser pagado de manera solidaria entre Edgar Ramírez y Claudia Hokama.

Con esa cifra también se contemplaba la eventual incorporación de Odebrecht como tercero civil responsable. Sin embargo, , la constructora no ha sido considerada para el pago de la indemnización.

Fuentes relacionadas al caso explicaron a Perú21 que el monto fue medido en base a lo que estipula el Código Civil. Eso sucedió mucho antes de que se promulgue la Ley 30737, que definió nuevos parámetros para el cobro de la reparación.

En manos del equipo especial
El otro proceso del caso Gasoducto está a cargo del equipo especial Lava Jato, que lidera el fiscal superior Rafael Vela. Pero esa carpeta se encuentra aún en investigación preliminar y la firma brasileña no ha reconocido oficialmente que haya pagado sobornos para adjudicarse ese proyecto.

No obstante, que revelarían supuestos irregulares en torno al Gasoducto del Sur.