En base a la 'Ley de Fortalecimiento de la Contraloría' aprobada por unanimidad este jueves en el Pleno del Congreso, la Contraloría General de la República podrá suspender o inhabilitar a gobernadores regionales y alcaldes, en caso de encontrar irregularidades en su gestión.
"Esta ley elimina la exclusión de la responsabilidad administrativa. Ahora serán procesados como cualquier otro funcionario público. Si tras la auditoría se determina que se ha cometido una infracción, se podría sancionar con hasta dos años de suspensión o una inhabilitación de hasta por cinco años", dijo el contralor, Nelson Shack al diario Gestión.
Anteriormente, todo funcionario público elegido por voto popular estaba excluido de ser sancionados por esta modalidad.
El contralor detalló algunas de las infracciones graves o muy graves que pueden desencadenar en una suspensión o inhabilitación. "Por ejemplo, si al hacer auditorías encontramos que hubo direccionamiento que causó perjuicio económico para el Estado al contratar a un proveedor y no a otro, es una infracción muy grave".
Otro caso es cuando no se respeta la ley de contrataciones y adquisiciones, en determinado procedimiento. “Creen que algo es una emergencia (cuando no lo es) y compran rompiendo todos los procesos. Y eso pasa más cotidianamente de lo que creemos”, agregó Shack.
El informe sancionador de Contraloría será enviado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se podría disponer la vacancia del funcionario público.
Con la reforma, los procesos sancionadores se volverán más céleres y predecibles, por lo que se espera reducir el tiempo promedio que toma un proceso sancionador de dos años a seis meses, señaló el contralor quien asegura que los resultados de este cambio se verán desde fin de año.