La Contraloría General de la República (CGR) intervino las oficinas del Proyecto Especial Legado, así como el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
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El operativo, que se realiza de forma simultánea en los inmuebles de ambas instituciones, ocurre luego de que se denuncien presuntas irregularidades y riesgo en inversiones en las obras de los Juegos Bolivarianos en Ayacucho 2024.
En ese sentido, el Proyecto Legado solicitó a la Contraloría realizar acción de control para determinar si existe responsabilidad por parte de algún funcionario por la contratación de empresas que llevarán a cabo las obras del albergue y comedor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en el marco del evento deportivo que se desarrollará este año.
“Es sumamente positivo recibir a los representantes de la CGR, pues ellos nos ayudarán a cerciorarnos de que todos los actos de gestión se realicen de manera clara, limpia y transparente”, señaló el director ejecutivo de Legado, Carlos Zegarra Presser.
En ese sentido, solicitaron la implementación de un Órgano de Control Institucional y el concurso concurrente para el acompañamiento de los procesos que realizan.
La oficina de control institucional que se implementará estará ubicada en el Velódromo y cuenta con todas facilidades y servicios que requerirá para su correcto funcionamiento. En este lugar trabajarán servidores contratados bajo las normas de CGR mediante un proceso CAS, en el cuál Legado no tendrá ninguna participación.
“Ellos tendrán acceso a todo el archivo documentario, la base de datos, así como total acceso a la contabilidad y las finanzas”, indicaron.
A través de su cuenta de X, la Contraloría anunció que realiza operativo “para recopilar información sobre las actividades desarrolladas por ambas entidades en respuesta a denuncias públicas y alertas de riesgo en sus inversiones”.
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Por su parte, OSCE también utilizó su cuenta de X para pronunciarse al respecto. El organismo aseguró que “brinda y brindará el apoyo institucional necesario que requiera la Contraloría en las investigaciones que realice”.
Como se recuerda, la Fiscalía anticorrupción de Ayacucho investiga al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por la adjudicación a favor del consorcio de Esperanza Rojas Gutiérrez, quien fundó el movimiento regional con el que postuló Oscorima al GORE.
El consorcio de Rojas Gutiérrez recibió la adjudicación para construir un comedor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, obra valorizada en más de 22 millones de soles. (S/22,447,577.34).
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