El CNM fue desactivado y reemplazado por la Junta Nacional de Justicia tras la difusión de audios de Los Cuellos Blancos del Puerto. (Foto: GEC)
El CNM fue desactivado y reemplazado por la Junta Nacional de Justicia tras la difusión de audios de Los Cuellos Blancos del Puerto. (Foto: GEC)

Redacción PERÚ21

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La identificó un perjuicio económico ascendente a S/ 664,548.00 por pagos irregulares y servicios que no se efectuaron en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) durante el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2015 y 31 de julio de 2018.

Mediante una auditoría de cumplimiento practicada al CNM, el organismo de control encontró la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de nueve funcionarios.

El examen de control tuvo como objetivo determinar si las contrataciones del personal bajo régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), servicios y consultorías, y la gestión de recursos humanos, se realizaron según la norma vigente y las disposiciones internas de la entidad.

Dicho informe determinó que hubo un perjuicio económico de S/ 435,020 por movilidad del personal CAS, pese a no corresponderle en los meses de diciembre de 2015 y julio y diciembre de 2017. La Contraloría precisó que no existía documentación alguna que detalle quienes laboraron fuera del horario de trabajo durante el periodo señalado.

Asimismo, pérdidas, una ascendente a S/ 101,940.00 por la organización de 14 seminarios y conversatorios que no se realizaron entre los años 2016 y 2018, y otra por más de S/ 51,000 por la planificación de concursos públicos, eventos institucionales internos y capacitaciones que tampoco se hicieron.

Finalmente se registró un perjuicio económico por S/ 75,768 por servicios de supervisión y asistencia técnica que no se ejecutaron en el desarrollo de concursos públicos durante el 2017.

La Contraloría envió los resultados de la auditoría a la Procuraduría Pública de dicha institución para el inicio de las acciones legales correspondientes, así como al Órgano Instructor para el procedimiento administrativo sancionador a los nueve funcionarios y servidores comprendidos en el caso.