Todo va cayendo por su propio peso. La Contraloría General de la República confirmó actos de corrupción en la licitación que ganó el consorcio vinculado a la lobista Karelim López. En el último informe presentado por el órgano de control, se corroboró que hubo actos irregulares en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga.
El contrato de la obra ascendía a S/232.5 millones de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes, y fue adjudicado en octubre del año pasado al Consorcio Puente Tarata III, integrado por una empresa que asesoraba López. Curiosamente, la buena pro fue otorgada días después de que López realizara visitas a Palacio de Gobierno.
En el informe, se señala que el Comité de Selección “benefició al ganador de la buena pro al postergar irregularmente la etapa de presentación de ofertas”. ¿La prueba? El acta suscrita el 6 de octubre de 2021 no fundamenta la decisión de postergación y “tampoco existe un sustento válido en los documentos del expediente de contratación”.
Además, se halló que los miembros del Comité de Selección no advirtieron que las empresas que conformaban los consorcios que ocuparon el primer y segundo lugar tenían un impedimento legal de participar porque sus representantes legales y gerentes generales son hermanos y tienen un accionista en común, además de tener el mismo rubro de negocio.
Por ello, la entidad precisó indicios de delitos presuntamente cometidos por dos miembros del comité. Ellos son Víctor Valdivia y Édgar Vargas, funcionarios de Provías Descentralizado que habrían calificado “de manera favorable” al consorcio ganador y a otros, pese a que el presidente del grupo de trabajo, Miguel Espinoza, consideró que debían ser descalificados por falta de experiencia y requisitos.
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Finalmente, la Contraloría notificó al procurador anticorrupción para que se inicien las acciones legales penales contra Valdivia y Vargas.
Para el analista Pedro Yaranga, tarde o temprano, los destapes por corrupción van a comprometer al presidente Pedro Castillo. “Palacio de Gobierno se está convirtiendo en un lugar delictivo. Si estos acuerdos irregulares estarían dándose en Palacio, qué habrá pasado en la casa de Sarratea (Breña). A López no le va a quedar de otra que colaborar con la justicia y, en ese momento, el que va a quedar comprometido es el presidente y todos sus allegados”, sostuvo a Perú21.
En tanto, el secretario general de la asociación civil Transparencia, Iván Lanegra, advirtió a este diario que “todo indicio de delito” invita a una investigación del Ministerio Público. “La Fiscalía debe estar atenta, y el Ejecutivo tomar acciones correctivas. Como reacción política, se debería dar una aclaración sobre la relación real con López”, refirió.
El mandamás del MTC, Juan Silva, solo atinó a responder ayer que el caso “está en investigación, no podemos adelantar juicio”.