La Procuraduría Pública de la Contraloría formalizó denuncia penal contra 154 autoridades, funcionarios y exfuncionarios estatales que habrían incurrido en presuntos delitos contra la administración pública, informó hoy el organismo de control.
Los denunciados son parte de un total de 344 autoridades, funcionarios y servidores públicos que, durante el 2011, fueron identificados por tener una supuesta responsabilidad penal o civil, al no haber cautelado los bienes o recursos del Estado, que se les había confiado para su administración.
Los presuntos delitos que se han detectado con mayor frecuencia son la negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; la apropiación indebida de bienes o recursos, tipificado como peculado o peculado doloso; y la falsedad ideológica.
Entre los denunciados penalmente figuran los integrantes o exintegrantes del comité especial que se encargan de los procesos de selección, alcaldes y ex alcaldes así como Jefes de Abastecimiento.
La Procuraduría Pública también demandó por la vía civil a 190 funcionarios y exfuncionarios para obtener una indemnización a favor del Estado para reparar el daño económico ocasionado por la negligencia o falta de diligencia en el manejo de los bienes o recursos públicos.
En este caso, las autoridades que han sido demandadas con mayor frecuencia son regidores y exregidores, seguidos de alcaldes y exalcaldes, así como gerentes municipales y exgerentes municipales.