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La Contraloría General de la República (CGR) advirtió este jueves de la distorsión del proyecto de ley presentado para tipificar las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establecer medidas para el fortalecimiento de su potestad sancionadora, evaluado en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso.
A través de un comunicado, la Contraloría expresó su preocupación ya que “el predictamen que se pretende poner a votación distorsiona la finalidad de los proyectos de Ley presentados por la CGR en 2019 y 2020 para tipificar las conductas infractoras en una ley de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional”.
Además, asevera que “debilita la autonomía de la labor de control y sanción de la corrupción y la inconducta funcional y retrasa el principal objetivo del proyecto de ley, generando incertidumbre y acrecentando la sensación de impunidad en la ciudadanía”.
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La institución indica que la presidencia de la Comisión de Fiscalización a cargo de Edgar Alarcón (Unión por el Perú) “no aceptó” convocarla a una sesión, tal como se solicitó el pasado 20 de noviembre “para sustentar ante los miembros del grupo de trabajo los argumentos técnicos y jurídicos de nuestra institución”.
En ese sentido, alerta que “con la desnaturalización en la que incurre el predictamen no se podrá sancionar inconductas de funcionarios y servidores que incumplan resoluciones, directivas, lineamientos, documentos de gestión y otros actos administrativos que involucran posibles perjuicios económicos o afectación de servicios públicos”.
“Se buscaría, además, eliminar la prevalencia del Proceso Administrativo Sancionador de la CGR sobre otros procesos administrativos, con lo que una entidad pública puede iniciar un proceso a un funcionario o servidor público para neutralizar las sanciones de la CGR. Esta situación, que ocurre hoy en día, ha significado sanciones benignas o impunidad para los responsables, toda vez que el funcionario infractor termina ‘sancionado débilmente’ por quien lo nombró en el cargo”, aducen.
La institución también resalta que la comisión propone que el reglamento de la nueva ley sea elaborado por el Poder Ejecutivo y aprobado mediante decreto supremo, afectando su autonomía.
