Tal vez la presidenta decida no hablarle otra vez a la prensa. Al parecer se le viene una nueva acusación a la mandataria. La semana pasada se había animado a responderle al periodismo, aunque sus declaraciones, esquivas y poco sinceras, nunca convencieron. Pero otro tipo de declaración —la jurada de bienes y rentas— tampoco parece haber sido transparente por parte de la jefa de Estado.
El contralor general de la República, Nelson Shack, ha revelado que su entidad ha advertido que Boluarte ha declarado menos cuentas de las detectadas en el sistema financiero nacional y que se habría hallado un presunto desbalance patrimonial.
Shack explicó que se advirtió esta anomalía a partir de las investigaciones por el caso Rolex y que su entidad ya ha notificado a las autoridades competentes respecto de una serie de omisiones encontradas en sus declaraciones.
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“Hemos detectado que en el sistema financiero nacional hay más cuentas de la señora presidenta, individuales o mancomunadas, de las que no ha declarado en sus declaraciones. Se han identificado indicios de un presunto incremento patrimonial, no justificado”, indicó el contralor en entrevista a Perú21TV.
La autoridad del ente de control indicó que se comunicó de esta situación a la presidenta el pasado 1 de julio y que tendrá hasta la próxima semana para presentar sus descargos y justificar sus declaraciones de bienes y rentas. Cuestionó, sin embargo, que 10 días después, el Ejecutivo presentara un proyecto de ley para reducir el presupuesto a la Contraloría.
“Esperamos que según el plazo legal la señora presidenta nos conteste. En función a eso hay solo dos caminos: o el proceso de investigación se archiva porque no hemos encontrado que hay desbalance patrimonial o lo que sucederá es que habiendo confirmado que hay un presunto desbalance patrimonial se tendrá que remitir al Ministerio Público para que inicie sus investigaciones ya en el marco de un presunto delito de enriquecimiento ilícito”, detalló Shack, que prefirió no dar a conocer el número de cuentas no declaradas por la mandataria ni la cantidad de dinero que supone este presunto desbalance.
El contralor indicó que si bien la investigación nace con el caso Rolex, esta implica una evaluación integral de todas las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de Boluarte desde el tiempo en que asumió la Presidencia, luego de haber sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Explicó que su entidad ya hizo la primera evaluación de fiscalización de las declaraciones de la presidenta, la que cubrió el periodo entre julio de 2021 —cuando ingresa al gobierno de Pedro Castillo como ministra— hasta febrero de 2022. “Lo que hemos hecho ahora es completar esa evaluación porque eso es algo que normalmente hace la Contraloría cada vez que hay un nuevo gobierno. Además, surgieron una serie de denuncias, como el manejo del club Apurímac. Luego de todo eso la Contraloría hizo esta investigación sobre la base del periodo de marzo-abril de 2023 a marzo-abril de este año”, especificó a la plataforma televisiva de Perú21.
Cuestiona proyecto del Ejecutivo
La Contraloría rechazó un proyecto de ley del Ejecutivo que pretendería recortar las acciones de control de esta entidad en la lucha contra la corrupción.
La iniciativa del Gobierno presentada ante el Congreso incluye el recorte de la capacidad operativa de la Contraloría, reduciendo el dinero que se destina para la labor de control concurrente de las licitaciones del 2% del valor total de la obra a un 0.5%.
En un comunicado emitido el último jueves, el ente de control alertó que el proyecto no solo propone la adopción de medidas presupuestales que permitan lograr los objetivos de reactivación planteadas, sino que de aprobarse provocaría el desmantelamiento de los Órganos de Control Institucional (OCI), el despido de miles de auditores a partir de enero de 2025 y la disminución de las intervenciones de control.
Nelson Shack señaló que ha solicitado al presidente del Congreso, Alejandro Soto, asistir a la sesión parlamentaria en la que se revisará la iniciativa legislativa. Cuestionó que la institución que dirige y que sería afectada por la ley del Ejecutivo no fue consultada previamente. En ese sentido, hizo un llamado al Congreso y a la Comisión Permanente para que analicen la propuesta “con mayor reflexión”.
El último viernes 12 el gobierno de Dina Boluarte propuso al Congreso designar al abogado César Aguilar Surichaqui como nuevo contralor general de la República. Ya Shack había comunicado a la mandataria de esta presunta irregularidad.
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