El primer ministro y el vocero presidencial hicieron su mejor esfuerzo por aparentar ser unos expertos en contabilidad con tal de defender la honorabilidad de la señora Boluarte. Intentaron demostrar, y al vuelo nomás, que no existe el desbalance patrimonial del que habla el contralor Nelson Shack y que resolverían fácilmente la consulta de la entidad de control.
El asunto no parece tan sencillo como lo pintan los defensores presidenciales, pues ayer, el contralor informó que la jefa de Estado —que no tiene la intención de explicarle al país sobre este tema— ha solicitado que se le extienda el plazo para presentar su descargo sobre estas presuntas omisiones en sus declaraciones de bienes y rentas, las que el premier Gustavo Adrianzén ha vuelto a calificar ayer como un error de orden material.
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El Gobierno ha recibido como un golpe esta información de Shack y al contralor no le quedan dudas de que ha habido una reacción del Ejecutivo a partir de ello: el proyecto que envió al Congreso que pretende debilitar el trabajo de este órgano de control.
“Hemos elevado nuestra voz de protesta y espero que la Comisión Permanente haga un ejercicio mucho más reflexivo y ponderado. Al próximo contralor le van a cortar los brazos. Que esto se deba a una represalia no quedan dudas. Miren la secuencia de los hechos, nomás. No voy a permitir que el Poder Ejecutivo reduzca la capacidad operacional de la Contraloría”, dijo ayer el funcionario durante una conferencia.
Para Shack la pretendida norma fue incluida “de contrabando” y lamentó que no se haya convocado ni a su entidad ni a él para tocar este tema. “Creemos que siendo la Contraloría una de las entidades más sólidas, en un escenario de un deterioro de la mayoría de las instituciones del Estado, si se va a tomar una decisión de esta magnitud por lo menos se necesita un debate técnico, abierto y amplio”, explicó.
Cuestionó, además, la celeridad con la que la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó, sin revisarlo, este proyecto, que mañana viernes será debatido por la Comisión Permanente.
El contralor enfatizó que su entidad en ningún momento ha revelado hallazgos –tal como cuestionó el premier— porque ello no le corresponde, y que más bien han sido los propios funcionarios que han hablado por la presidenta Boluarte quienes ha dado más detalles sobre sus cuentas.
PREMIER PONE EL PECHO
Así, convertido este tema ya en asunto nacional, el enfrentamiento entre el ente de control y el Ejecutivo continuó, mientras la principal involucrada, una vez más, no abre la boca. Adrianzén volvió a la carga contra el contralor por difundir esta información y descartó cualquier intención del Gobierno de debilitar a la Contraloría y a la lucha contra la corrupción.
“Resulta inaceptable para nosotros que siquiera se pudiera deslizar la idea de que nosotros queremos debilitar al órgano de control con el propósito de facilitar la ocurrencia de actos de corrupción”, señaló el premier durante la conferencia del Consejo de Ministros, en la que aclaró que la reducción del monto de 2% a 0.5% en el presupuesto para control concurrente de cada licitación se produjo en mayo.
Juan Carlos Portugal, el abogado de Boluarte, calificó de irresponsable al contralor y lo acusó de politizar su institución. “Nadie comete un desbalance con cero de saldo”. Este letrado es el mismo que la semana pasada consideró que Pedro Castillo debería seguir gobernando el país.
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