Contralor general cuestiona pedido del Ejecutivo para legislar sobre control concurrente

El contralor general de la República, Nelson Shack, se mostró en contra de que el Congreso apruebe el pedido del Poder Ejecutivo para que se le otorgue facultades para legislar en materia de control concurrente y posterior en todo lo referido a compras y procesos relacionados al estado de emergencia decretado por el coronavirus (COVID-19) en el Perú.

El titular de la Contraloría dijo que “delegar en el Poder Ejecutivo esta tarea podría ser riesgoso y cuestionable en el futuro, toda vez que el mismo Ejecutivo no debería emitir normas de control para controlarse”.

En esa línea, hizo un llamado al Parlamento para que apruebe el proyecto de ley presentado por la bancada Alianza Para el Progreso (APP) que plantea aplicar el control concurrente a todas las contrataciones públicas, incluyendo los 2.500 millones de soles que el Ejecutivo ha dispuesto para la lucha contra el coronavirus.

“Además de la prioridad de contar con esta ley, resulta necesario que sea el Congreso de la República quien debata y apruebe prontamente el control concurrente a todo tipo de contratos o proyectos de inversión, y no solo a esta emergencia sanitaria”, señaló Shack.

Este mediodía, en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno en el que se anunció la extensión del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio hasta el domingo 12 de abril, Martín Vizcarra pidió al Legislativo que aprueben otorgar facultades legislativas al Gobierno. Esto, tras informar que a la fecha se han confirmado 580 casos de coronavirus en el Perú.

“Queremos que nos deleguen facultades en materia de control con la finalidad de que la Contraloría General de la República pueda aplicar el control concurrente y posterior a las adquisiciones e inversiones que se viene realizando, así como toda acción que se viene implementando en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”, dijo el mandatario.

La Contraloría General de la República informó que, una vez aprobada la iniciativa de APP, los auditores estarán facultados para acompañar y verificar las contrataciones de bienes, servicios y ejecución de obras públicas de manera eficiente y con transparencia.

Asimismo, se podrá iniciar un seguimiento a las adquisiciones de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, verificar si las empresas proveedoras extranjeras cuentan con las licencias y son fiables, entre otros temas relevantes que enmarcan el rol fiscalizador de las decisiones públicas.