El Poder Ejecutivo ha anunciado que reinstaurará el servicio militar y policial obligatorio, como medida para enfrentar la criminalidad.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para reinstaurar esta polémica medida.
La propuesta del gobierno ha causado revuelo debido a que se da en el marco de un incremento de la inseguridad ciudadana, pero también a días de que el Congreso debata la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
La congresista de Avanza País Adriana Tudela, cuestionó el anuncio y consideró que refleja una falta de estrategia por parte del Ejecutivo para enfrentar el crimen.
«Por si a alguien todavía no le quedaba claro que el gobierno no tiene estrategia ni plan alguno para combatir la inseguridad, el premier lo reconfirma con esta propuesta absurda y populista», señaló a través de su cuenta de X.
Ricardo Valdés, director de CHS Alternativo, se pronunció sobre la propuesta del Ejecutivo de reinstaurar el servicio militar obligatorio. «Me parece, realmente, un absurdo, porque el servicio militar obligatorio no genera capacidad ni cualidades de investigación en el ámbito criminal, ni tampoco genera, absolutamente, nada que permita luchar contra la extorsión», dijo a Perú21.
«Estamos hablando de 800 mil personas que cumplen 18 añso cada año. ¿Ellos qué van hacer? , ¿Cómo los va a acoger?, ¿Qué formación le vas a dar? Hace años que se dejó de lado, tenemos servicio militar voluntario. Para luchar contra la criminalidad se requiere más inteligencia, inversión para control territorial, y una central de la policía repotenciada y operativa, invertir en los departamentos de investigación criminal, dotándolos de tecnología, base de datos, inteligencia artificial, y potenciar las unidades de criminalística, para tener los sistemas más sofisticados posible para potenciar información», explicó.
Y subrayó: «Eso hace falta, no el servicio militar obligatoirio. Me parece que estamos en manos de gente muy poco preparada, que tiene muy poco conocimiento para analizar temas de seguridad y que, generalmente, están proponiendo temas y soluciones absurdas».
«Delincuentes tendrán poder de policía»
El exdirector de la Policía Nacional Eduardo Pérez Rocha, cuestionó la propuesta propuesta del Ejecutivo y consideró que «están sin planes ni políticas de gobierno».
«Cuando habla del servicio militar y policial, estás agarrando cosas de defensa nacional y cosas de orden interno», dijo en Canal N.
Pérez Rocha advirtió que los delincuentes podrían ser convocados para el servicio policial y eso les daría más poder.
El servicio militar en el Perú
El servicio militar obligatorio ya ha existido en el Perú. La última vez que se instauró fue en 1942, durante el ochenio de Odría, mediante el Decreto Ley 10967. En la norma se establecía que «el servicio militar es obligatorio para todos los peruanos hábiles de 20 a 50 años de edad».
Asimismo, indicaba que «en tiempo de paz, la duración del servicio es de un año para los individuos que tienen Instrucción Secundaria y de dos para los que no poseen esta instrucción».
En la dictadura de Juan Velasco Alvarado se reformó este decreto y se estableció que las mujeres podían participar del servicio militar igual que los hombres, pero de forma voluntaria en tiempo sede paz. En el decreto de Odría, las mujeres también tenían participación, pero solamente en funciones vinculadas a la Cruz Roja.
En 1999, el gobierno del expresidente Alberto Fujimori promulgó la Ley 27178, la cual estableció que el servicio militar sería voluntario, estado que se mantiene vigente hasta la actualidad. Desde entonces, esta medida ha sido propuesta en reiteradas oportunidades como una forma para luchar contra la delincuencia.
La última vez que se buscó instaurar fue en el gobierno del expresidente Ollanta Humala. En ese entonces se estableció un sorteo entre jóvenes con edades entre 18 y 25 años, para cumplir el servicio militar en caso de que no se cubra la cuota de voluntarios.
Sin embargo, ese mismo año el Poder Judicial suspendió esta convocatoria ante una acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo, al considerar «discriminatoria» la medida.
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