Por: Álvaro Reyes Quinteros / Óscar Quispe

Los audios difundidos por , que demostrarían un presunto tráfico de influencias al más alto nivel del sistema de justicia del país, han motivado que todos los poderes del Estado se alineen para tomar medidas ante la etapa de emergencia en la que ha entrado este sector.

El que ha impulsado esta cruzada es el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ayer, como primera acción, pidió al Parlamento aplicar el artículo 157 de la Constitución para que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) implicados en las conversaciones –Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez– sean removidos por causa grave.

Sobre los otros dos personajes involucrados, los vocales César Hinostroza y Walter Ríos, el mismo CNM y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) iniciaron ya acciones de investigación que podrían derivar en su destitución.

“Exijo una investigación que vaya hasta las últimas consecuencias y que se realice con celeridad para que se sancione severamente a los responsables de estos actos vergonzosos y repudiables”, declaró en conferencia de prensa el mandatario.

La segunda decisión que tomó Vizcarra fue convocar al Consejo de Estado, instancia que agrupa a las más altas autoridades y que solo había sesionado tres veces en los últimos 13 años. Tras esa reunión, confirmó que el titular del Legislativo, Luis Galarreta, acogió su solicitud y que hoy, en Junta de Portavoces, evaluarán si se abre una investigación.

Mientras esto sucedía, funcionarios de la OCMA se encontraban en las instalaciones de la Corte Superior del Callao investigando las presuntas irregularidades en las que habría incurrido su presidente, Walter Ríos.
Ríos, según fuentes de Perú21 en esa corte, no se encontraba en la sede. El magistrado, a quien en las grabaciones difundidas se le escucha estar buscando vocales de confianza a los que pueda decir “vota por tal, vota por cual”, goza de descanso médico desde hace un mes. A través de un comunicado, Ríos señaló que se le ha levantado “inconstitucionalmente” el secreto de sus comunicaciones y pidió al Ministerio Público investigar este hecho. No obstante, la Sala Plena de su propia corte le pidió su inmediata renuncia para garantizar la transparencia ante la ciudadanía.

APLICACIÓN DE LA NORMA

La última vez que un miembro del CNM fue removido por el Parlamento tuvo lugar en 2010. Efraín Anaya, a quien se denunció por “inadecuada conducta funcional”, fue destituido con 97 votos a favor, cero en contra e igual número de abstenciones.

El problema que encontró el Parlamento de ese entonces fue que no existía un procedimiento para remover al funcionario, pese a que la Constitución estipulaba la salida.

Como explicó el constitucionalista Samuel Abad a Perú21, los parlamentarios de esa época, tras recibir la denuncia del propio consejo, tuvieron que ensayar un proceso que implicara el respeto de derecho a defensa de Anaya. Ese imprevisto también lo tendrían los actuales legisladores.

“Hay que recordar que, en este tipo de casos, no es necesario demostrar un delito. Acá solo se debe configurar una infracción de la Constitución para aplicar la remoción”, explicó el abogado.

Asimismo, argumentó que una acusación constitucional, recurso que presentó ayer el oficialismo contra los consejeros, no tiene el mismo efecto que una destitución.

“La remoción implica la salida inmediata de la persona; con la acusación, luego de demostrarse alguna falta, se deriva el caso al Ministerio Público”, apuntó.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Milagros Takayama, indicó a este diario que, ante el recurso presentado por la bancada de Peruanos por el Kambio, “evaluará si amerita” iniciar un proceso y si se cumplen con los requisitos para ponerlo a debate.

La eventual sanción de los consejeros, no obstante, es un asunto aparte de la reforma del CNM. Vizcarra aseguró ayer que buscará la aprobación del proyecto de ley que propone su reestructuración. “El ente que designa y destituye a jueces y fiscales no puede estar contaminado”, dijo.

TENGA EN CUENTA

- Los ministerios de la Mujer y de Educación exigieron la salida del juez supremo César Hinostroza por estar involucrado en una presunta negociación de penas por un caso de violación de niños.

- El CNM suspendió los procesos de designación de jueces y fiscales, y abrió investigación preliminar a Hinostroza, quien, en conferencia, rechazó las denuncias y calificó de ilegal la interceptación.

- El Poder Judicial solicitó al Ministerio del Interior que brinde seguridad al juez que autorizó las interceptaciones telefónicas.

No olvidemos a Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza, víctimas del odio y el machismo.