A pocos días de las movilizaciones que buscan, entre otros reclamos, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la libertad de Pedro Castillo, el Consejo de Estado instó ayer a los ciudadanos que participarán de la tercera ‘toma de Lima’ —anunciada para este miércoles 19—, a realizar sus protestas de manera pacífica.
En un pronunciamiento público, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y los representantes de las principales instituciones del Estado invocaron a las autoridades a aplicar el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán en la marcha, así como la paz y tranquilidad de aquellos que están en contra de estas movilizaciones, promovidas por diversos grupos violentistas.
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“Como representantes de diversas organizaciones del Estado, reiteramos el llamado a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de nuestra sociedad”, informó el premier, tras la sesión que encabezó la presidenta Boluarte y en la que participaron los titulares del Congreso, José Williams; del Poder Judicial, Javier Arévalo; y del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.
A la cita en Palacio de Gobierno también acudieron el contralor general de la República, Nelson Shack; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, y la representante del Jurado Nacional de Elecciones, Delia Espinoza, así como los ministros de Defensa, Jorge Chávez, y del Interior, Vicente Romero.
El Consejo de Estado reiteró su compromiso con la defensa del sistema democrático, la gobernabilidad y la institucionalidad del país. En ese sentido, recordó que tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y su posterior vacancia en diciembre pasado, en el país se realizó una sucesión presidencial que ha sido reconocida por la comunidad internacional.
El titular de la PCM, además, remarcó que el Estado viene implementando progresivamente las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe final sobre las protestas registradas entre diciembre de 2022 y febrero de este año, en el que concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos en el país durante esos meses violentos.