Puestos en evidencia, desde el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo se rasgan las vestiduras y se lavan las manos como Poncio Pilatos. Desde ambos poderes del Estado se dan ahora golpes de pecho tras ser advertidos de que la ley —elaborada por el Parlamento y promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte para supuestamente optimizar la administración de justicia en la lucha contra la criminalidad—, incluye también una disposición que impide capturar preliminarmente a los investigados si no son atrapados en flagrancia.
Primero fue el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, quien salió muy temprano para reconocer que la disposición amerita una revisión que estará a cargo de un equipo de su despacho. “(...) Esa norma tiene aspectos positivos, pero en cuanto al tema de la detención preliminar, creo que ahí tenemos que corregir, rectificar. No permitir la detención preliminar a quienes no están en flagrancia me parece que va a limitar la acción de la justicia, es un tema que hay que revisar y rectificar”, subrayó.
En esa línea, señaló que se están viendo los mecanismos para “corregir” de manera más expedita “ese detalle” de la ley que ha merecido observaciones también desde el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Personalmente, considero que ese aspecto referido a la detención preliminar tiene que ser corregido, y el mecanismo más inmediato es un proyecto de ley; hay que hacerlo ahora y tenemos a la Comisión Permanente que se puede pronunciar en enero”, agregó.
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En ese contexto, el congresista por Renovación Popular, Alejandro Muñante, informó que ya inició la elaboración de una iniciativa que —nuevamente— “corrija” la ley, y atribuyó la dación de la misma a una “negligencia de la Comisión de Justicia que es presidida por Perú Libre” y direcciona los proyectos “que favorezcan a su líder”.
Lo que no dijo Muñante es que él es uno de los 82 legisladores que le dio luz verde en segunda votación a la ley que ahora quiere modificar.
Eduardo Arana, ministro de Justicia, en tanto, alegó que su sector solo determina “la pertinencia constitucional y la política criminal en el marco de la ley”. No obstante, manifestó que se examinará la norma “y si corresponde hacer modificaciones lo haremos saber oportunamente”. En resumen, Ejecutivo y Legislativo llorando sobre la leche derramada.
Discrecionalidad
Desde el Poder Judicial, de otro lado, su titular Javier Arévalo precisó que serán los jueces los que tendrán la última palabra respecto de la aplicación o no de la polémica ley.
“Los jueces son la última palabra. Ellos verán si consideran que estas normas son adecuadas a la Constitución y si no las aplicarán, tienen la facultad de inaplicar (las leyes) cuando son contrarias a la Constitución”, refirió.
El presidente de la Corte Suprema, sin embargo, advirtió que así como hay observaciones a la disposición que deroga la prisión preliminar, también “hay un gran sector que dice que no se puede ir encarcelando a la gente de buenas a primeras”. “No me corresponde a mí definir cuál es la verdad, simplemente digo cuáles son las posiciones”, enfatizó.
Lo cierto, al margen de todas estas posturas, es que con la ley promulgada ya no es posible la prisión preliminar y se han frustrado algunos operativos, uno de ellos, según fuentes de Perú21, que se iba a realizar en los próximos días en el caso ‘Los Niños’ que involucra a congresistas de Acción Popular y de otras bancadas, muchos de los cuales avalaron la norma cuestionada. No hay casualidades.
TENGA EN CUENTA
El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, sostuvo que la ley favorece al crimen organizado y ata de manos a la Fiscalía y al Poder Judicial en su accionar contra ese flagelo.
En entrevista con Perú21TV añadió que pedirá la inaplicación de la ley por seis meses y no descartó la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el TC.
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