La suerte del congresista Richard Acuña (APP) está en manos de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Parlamento, que evaluará esta tarde el pedido de la Corte Suprema para que se le retire la protección y así poder juzgarlo.
El 27 de mayo del año pasado, el Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo , a cargo de la magistrada Alicia Villanueva, solicitó que el legislador, que ahora integra la Mesa Directiva del Congreso, pueda ser procesado sin restricciones.
Al representante de Alianza para el Progreso se le acusa de presunto fraude procesal y uso de documentos falsos en la compra de un terreno de 20 mil metros cuadrados en la zona El Gallinazo, en Las Palmeras de San Andrés (Trujillo). Este caso data de 2004.
Según el Reglamento Interno del Congreso, recibida la solicitud, la Presidencia del Congreso, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la pone en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que tiene un plazo de cuatro días útiles para admitir el expediente o pedir a la Corte Suprema de Justicia que se subsanen los defectos o vicios procesales.
La Comisión de Levantamiento de Inmunidad determinará que solo exista motivación de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria.
El presidente de este grupo debe convocar a una sesión y y citar al congresista para que ejerza personalmente su derecho de defensa. En el supuesto que el legislador se allane por escrito, la comisión aprobará o rechazará el caso.