La declaró improcedentes varias denuncias constitucionales presentadas contra jueces supremos por delitos de función, entre ellos el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, y el magistrado César San Martín.

Las denuncias fueron presentadas por un ciudadano y alcanzaban también a los jueces supremos José Luis Salas Arenas, Elvia Barrios, Aldo Figueroa, Hugo Príncipe Trujillo, Sabina Chávez, Manuel Leon Quintanilla, Jorge Castañeda e Iris Pacheco.

La acusación era por los presuntos delitos de prevaricato y falsedad genérica, infracción constitucional vulneración de los deberes para con la patria, vulneración del debido proceso y la tutela jurisdiccional, y vulneración del derecho a la debida motivación de las acciones judiciales.

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Asimismo, el subgrupo de trabajo parlamentario declaró improcedente la acusación constitucional contra el juez superior Hugo Núñez Julca por los presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y prevaricato.

Previa a la votación, se votó una cuestión previa presentada por la congresista (Fuerza Popular), quien solicitó votar a favor de la calificación de la referida acusación.

Según la parlamentaria fujimorista, el juez superior Núñez Julca actuó como supremo al pronunciarse sobre el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). La cuestión previa se rechazó y se declaró improcedente la denuncia constitucional.

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