El Congreso de la República deberá votar en el Pleno de la siguiente legislatura una propuesta legislativa que consideran es la solución mágica para las víctimas de la extorsión ‘gota a gota’.
Esta modalidad delictiva, que solo en enero de 2024 acumuló un total de 81 denuncias a nivel nacional, le sigue quitando la dignidad a decenas de personas que piden un préstamo fuera del sistema financiero formal y luego son violentamente amedrentadas para pagar cuantiosos intereses.
El referido dictamen fue formulado y aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento durante una de sus últimas sesiones el miércoles 5 de junio. La propuesta reúne un total de 10 proyectos de ley que tienen exactamente la misma misión: modificar el Código Penal para incluir al ‘gota a gota’ en la modalidad de extorsión.
Pero ese no es, tal vez, el mayor problema, sino que más de un especialista consultado por la propia comisión para analizar la propuesta, considera que el dictamen no es viable a nivel técnico ni jurídico. Pese a ello, los congresistas hicieron oídos sordos a las recomendaciones y fue aprobado por mayoría con 20 votos a favor y una abstención en la comisión que encabeza el congresista Américo Gonza de Perú Libre.
SIN SUSTENTO
Parece que el Congreso sigue dando manotazos de ahogado para mejorar ese 82% de desaprobación que tiene a nivel nacional, según Ipsos.
Y es que luego de pedir una opinión técnica, lo más lógico sería seguir las recomendaciones propuestas, pero la realidad es que a los legisladores no les importó lo que especialistas consultados concluyeron.
Uno de los proyectos considerados en el dictamen fue el 5474/2022 presentado por la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular. Su propuesta, que descansó en la banca de la Comisión de Justicia por casi un año, proponía incorporar el artículo 200-A en el Código Penal que añade la modalidad de ‘usura extorsiva’.
En febrero de este año, el secretario general del Ministerio de Justicia, David Napuri, envió a este grupo de trabajo comentarios respecto a la propuesta de Juárez.
Napuri concluyó que la fórmula legal propuesta por la parlamentaria era innecesaria, ya que no cubría ningún vacío penal. Es decir, no sumaba nada a la lucha contra los extorsionadores.
No solo eso, sino que Juárez planteaba que se reduzca la pena de 10 a 8 años como mínimo en comparación con la norma actual.
“Querer solucionar una variable de esta criminalidad extorsiva con un tipo penal específico resulta antitécnico, pues con este fundamento tendríamos que elaborar un tipo para las extorsiones en obras de construcción civil, otro para las extorsiones a los pequeños negocios, para las empresas de servicios de transporte público en sus diversas variables y la lista se puede volver interminable”, explicó el especialista.
De la misma manera, otro de los proyectos de ley considerados para el dictamen aprobado es el 5631/2023 presentado por el congresista Edgar Reymundo de Cambio Democrático - Juntos por el Perú el 28 de julio del año pasado.
La iniciativa propone exactamente lo mismo que el anterior: incorporar el artículo 200-A al decreto legislativo 635 del Código Penal para considerarlo dentro del delito de extorsión.
La Comisión de Justicia recibió comentarios similares. Por ejemplo, el Poder Judicial respondió en un oficio a través de la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia Patricia Pizarro, quien concluye que la propuesta no es viable, puesto que el actual Código Penal ya considera el ‘gota a gota’ dentro de la modalidad de extorsión.
“Esta forma de estructuración normativa resulta confusa. Es fundamental que los tipos penales se redacten con claridad para evitar malentendidos y creencias erróneas, como la idea de que ciertas conductas han sido atípicas hasta la fecha y solo se sancionarían a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, dado que ya existen investigaciones en curso sobre esta modalidad extorsiva”, asevera Pizarro en el oficio enviado al Congreso.
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