Congreso revisará esta semana los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo

Empieza una nueva lid entre el Ejecutivo y el Congreso. Esta semana, la Comisión de Constitución del Parlamento, presidida por el fujimorista Miguel Torres, debe revisar los 112 decretos legislativos que publicó el Gobierno.

Aunque inicialmente se fijó este miércoles 11 de enero como la fecha del debate en el que se presentaría el primer ministro, Fernando Zavala, la sesión podría posponerse un día, hasta el jueves, debido a que los miércoles en las mañanas se reúne el Consejo de Ministros y por las tardes lo hace la comisión Lava Jato.

Lo cierto es que, según el artículo 90 del Reglamento del Parlamento, Constitución debe elaborar su informe en un plazo no mayor de 10 días, y puede recomendar al Pleno la derogación o modificación de uno o varios decretos.

"En el caso que el o los decretos legislativos contravengan la Constitución Política o excedan el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, (la Comisión de Constitución) recomienda su derogación o su modificación", se lee en el inciso C del mencionado artículo.

¿Qué porcentaje de las normas que emitió el Gobierno serán avaladas por el Congreso? No lo sabemos, pero ya hay algunas objeciones en el Congreso.

Dos miembros de Constitución, Héctor Becerril de Fuerza Popular y Alberto Quintanilla del Frente Amplio, ven con preocupación normas que, dicen, o son perjudiciales o simplemente no cumplen con el mandato otorgado por el Legislativo el 29 de setiembre de 2016.

Por ejemplo, Becerril dijo que un decreto que le llama la atención es el que ordena el traslado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) al ámbito del Ministerio de Salud (Minsa).

Explica que tiene objeciones "de forma, porque escapa el marco de las facultades delegadas, y también de fondo".

"Yo también formo parte de la Comisión de Salud y he visitado todos los hospitales. Los del Minsa están colapsados, no tienen para comprar equipos, no dan atención directa; los servicios de laboratorio los tercerizan. En esas condiciones, ¿cómo van a absorber al INEN?", se preguntó.

A su modo de interpretar el decreto, "al Gobierno le apetece el presupuesto del INEN para compra de equipos y medicamentos. Detrás de todo eso hay una intención de lucrar de no sé quién, de la misma ministra (Patricia García) o de alguno de sus asesores".

Alberto Quintanilla enfocó sus cuestionamientos en las medidas orientadas a la formalización en el sector minero. Dijo a Perú21 que "el decreto de formalización minera es más de lo mismo, no resuelve el problema".

"Ese tema no ha avanzado en el país en los últimos años porque se tiene la concepción de que la formalización minera es simplemente plazos y procedimientos, y no se ve la parte realmente de presencia del Estado", arguyó.

El ex ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal también hizo críticas a este asunto. Se refirió a la disposición complementaria del Decreto Legislativo 1351, referido a fortalecer la seguridad ciudadana, en la cual se excluye a los mineros en vías de formalización de la comisión del delito de minería ilegal. "Es un peligroso retroceso", señaló.