El Pleno del Congreso rechazó la propuesta de acusación constitucional e inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos a Aníbal Torres. La acusación se basaba en la realización de consejos de ministros descentralizados “sin marco constitucional y legal” y en los que azuzaba a la población contra el Congreso durante la gestión de Pedro Castillo.
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El proyecto de resolución legislativa fue sometido a votación, obteniendo 55 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, lo que resultó insuficiente para alcanzar los dos tercios requeridos (67 votos) y, por lo tanto, no fue aprobada.
En consecuencia, la Representación Nacional rechazó la acusación al cuestionado expresidente del Consejo de Ministros por presuntas infracciones a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución, así como los supuestos delitos de motín, conspiración para una rebelión, sedición o motín, y omisión de resistencia a la rebelión, entre otros.
Tras el rechazo al pedido de inhabilitación, el congresista fujimorista Eduardo Castillo presentó un pedido de reconsideración de la votación.
El parlamentario envió una misiva a Alejandro Soto, Presidente del Congreso, en el que sustenta la legalidad de su petición, con lo cual la inhabilitación a Torres tendrá que volverse a votar.
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