El 85.5% de fallecidos por coronavirus en el Perú tenía obesidad. (Foto: César Campos / GEC)
El 85.5% de fallecidos por coronavirus en el Perú tenía obesidad. (Foto: César Campos / GEC)

Congresistas de diversas agrupaciones políticas presentaron un proyecto de reforma constitucional para incluir en la Constitución el derecho a la en la elaboración de las políticas públicas de salud y garantizar el acceso a tecnologías sanitarias.

La formulación de la propuesta legislativa se enmarca en la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus (COVID-19), que ha puesto en relieve la precariedad de nuestro sistema de salud.

Según el proyecto, el derecho a la salud obliga al Estado a garantizar el acceso a medicamentos que permitan el tratamiento adecuado de todas las personas; así como el acceso a tecnologías sanitarias -productos farmacéuticos y dispositivos médicos- que contribuyan a reestablecer o preservar su salud.

La propuesta apunta a consagrar la participación de toda persona, de manera individual o colectiva, en la toma de decisiones y en la fiscalización del gasto público en aras de lograr un gasto inteligente y, por ende, una salud de calidad.

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La iniciativa multipartidaria plantea modificar el inciso 17 del artículo 2, y los artículos 7 y 9 de la Carta Magna, abarcando la formulación de políticas que contemplan el acceso a los servicios de salud -públicos o privados- que garanticen altos estándares de seguridad y eficacia; así como en la consulta previa, acceso a la información, formulación de propuestas y fiscalización de tecnologías sanitarias, además de su debida y oportuna evaluación.

El proyecto fue presentado el pasado 12 de diciembre y cuenta con las firmas de los congresistas Luis Roel, Anthony Novoa, Mónica Saavedra, Carlos Pérez, Yessy Fabián y Otto Guibovich (todos ellos de Acción Popular); Jorge Pérez (Somos Perú), César Combina (APP) y Arlette Contreras (No Agrupados).

“Con esta reforma podremos dar un paso adelante en la protección de la salud de todos los peruanos y peruanas”, destacó Roel Alva, segundo vicepresidente del Congreso y uno de los promotores de esta propuesta.

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