Existen, al menos, dos proyectos de ley que tienen como fin que postulen únicamente candidatos idóneos en las elecciones generales de 2026, y que duermen el sueño de los justos. Estas iniciativas, listas para su debate y votación en el pleno del Congreso, requieren que el presidente de la institución, Alejandro Soto, las priorice en la agenda cuando comience la nueva legislatura, este viernes 1 de marzo, y esperan la voluntad política de las fuerzas distribuidas en el hemiciclo para garantizar una mejor gestión gubernamental, libre de personajes condenados por delitos gravísimos.
Uno de estos proyectos es el presentado por el congresista Alejandro Muñante y aprobado por la Comisión de Constitución en diciembre último. Este, está referido a impedir que los condenados por rebelión, traición a la patria, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, homicidio, violación sexual y corrupción de funcionarios puedan candidatear y acceder a cargos públicos.
Muñante, en conversación con Perú21, comentó que la iniciativa fue incluida en el debate de la última sesión del Pleno, en la legislatura anterior. Sin embargo, a solicitud de la presidenta de Constitución, Martha Moyano, esta pasó a cuarto intermedio, ya que había algunos parlamentarios que solicitaban que se incluya a los deudores morosos de pensión de alimentos en el planteamiento.
El otro fue presentado por Carlos Anderson en agosto de 2022. Busca impedir que los sentenciados por homicidio y secuestro puedan postular a la presidencia de la República. “Al final mi proyecto se ha convertido en un ‘Frankenstein’, porque se han sumado 18 iniciativas, pero todos apuntan a que no puedan postular a la presidencia los condenados por ciertos crímenes”, comentó Anderson a este diario.
Asimismo, dijo que “Fuerza Popular es el que maneja todo” en el Congreso y dependerá de ellos aprobar esta iniciativa. “Los cálculos políticos han hecho que esto demore”, finalizó.
PRIORIDAD
Por su parte, el abogado Giulio Valz-Gen dijo que “este debería ser un tema prioritario en la agenda parlamentaria. La regulación es atendible y necesaria. No podemos tener delincuentes condenados por delitos tan graves ocupando cargos tan importantes. Si alguien se da por aludido, tiene expedito su derecho de recurrir al Poder Judicial”, manifestó a Perú21.
Además, señaló que “la ruta es bien complicada”, porque “hay una tendencia a politizar” este tipo de proyectos, ya que algunas bancadas “pueden estar pensando en un interés más político que de regulación de un tema de política pública”. Consideró interesante la propuesta planteada por Alfredo Torres, en su columna del último domingo en Perú21, de que el impedimento para postular sea proporcional a los años de condena recibidos, en caso no se llegue a un acuerdo sobre las otras iniciativas.
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