La Fiscalía podría solicitar hoy mismo la prisión preventiva de Edgar Alarcón, luego de que el Pleno del Congreso aprobara suspenderlo de sus funciones mientras dura el proceso penal en su contra por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado cuando fue contralor general de la República.
El abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, recordó que al ser suspendido, el separado parlamentario de Unión por el Perú (UPP) perdió las garantías y protecciones que gozan los legisladores, y, por tanto, puede ser objeto de una “persecución penal ordinaria”.
Agregó que debido a que el actual periodo culmina en poco más de dos meses, el excontralor no volvería a contar con inmunidad parlamentaria. “La posibilidad de que la Fiscalía tome medidas es altísima, y ya no tendría que consultar al Congreso. Ahora, desde el Congreso deberán habilitar a su accesitario para los dos meses que le queda a este Parlamento”, dijo a Perú21.
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El reemplazo de Alarcón sería Héctor Arias (UPP), quien tiene dos sentencias. La primera de 1997 por el delito contra la seguridad pública y la segunda de 2004, por el delito de homicidio culposo. En ambos casos se le sancionó con prisión suspendida.
De acuerdo con el Código Penal, un funcionario público que abusa de un alto cargo en organismos del Estado para incrementar su patrimonio de forma ilícita puede ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 años ni mayor de 15, así como ser inhabilitado y contar con hasta 370 días de multa.
La penalista Liliana Calderón explicó que en el caso de Edgar Alarcón, la Fiscalía deberá actuar rápido pues la investigación podría tardar meses. “Se le tiene que acusar, pero para eso falta que concluya la etapa preliminar y luego la investigación preparatoria. Es un proceso bastante largo y el Ministerio Público tiene conocimiento de ello, se deben adoptar medidas”, refirió.