La decisión del Gobierno de observar la ley de fortalecimiento de la Contraloría, que había sido aprobada por el Congreso, siguió generando fricciones entre ambas instituciones.
El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, lamentó la decisión porque, según dijo, fue una norma consensuada con la Contraloría y los distintos bloques políticos.
Además, advirtió que los reparos al documento son “una mala señal” y un “retroceso” en la lucha anticorrupción.
El Gobierno cuestiona en especial dos artículos: el que excluye a la Contraloría de la designación del personal de control del Congreso (que lo hará bajo sus propias reglas) y el que posibilita la existencia de dos vicecontralorías.
Desde el Ejecutivo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la premier Mercedes Aráoz defendieron la decisión de observar el dictamen.
“Nuestra objeción es a la creación de gastos sin financiamiento. Todas las instituciones del sector público, incluyendo el Congreso, deben ser fiscalizadas tal como lo dispone la Constitución”, señaló PPK.
Aráoz, en tanto, aseguró que el Gobierno se ha mostrado siempre firme en el combate a la corrupción.
Si el Pleno no acepta las observaciones planteadas, constitucionalmente puede insistir en el tenor de la autógrafa. En ese caso, el Congreso promulgaría la norma sin cambios en el diario oficial El Peruano.
DATO
- El contralor Nelson Shack se mostró preocupado por la medida y advirtió que “posterga innecesaria e ilógicamente el inicio de la reestructuración” de la entidad.