El Pleno del Congreso tenía en agenda ayer el debate del dictamen que busca modificar los artículos 473, 476-A y 481-B del Código Procesal Penal (CPP), normas que regulan el procedimiento de colaboración eficaz. Si bien el tema no fue discutido, hoy podría ser considerado para continuar la sesión.
El proyecto fue impulsado por Juntos por el Perú y Podemos –cuyo líder José Luna es investigado por la Fiscalía– bancadas que supuestamente pretenden fortalecer este mecanismo de beneficios penales, pero complicarían investigaciones fiscales en curso, como las que afronta el presidente Pedro Castillo.
De aprobarse el dictamen, los procesos de colaboración eficaz tendrán un plazo de 8 meses para ser concluidos, y solo una prórroga de máximo 4 meses. Si se tratara de un caso de organización criminal, la ampliación podrá ser de 8 meses más.
Otra de las exigencias es que si una persona quiere acogerse a esta figura legal deberá estar acompañado por un abogado desde un principio.
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Actualmente, el CPP no fija esas limitaciones. El fiscal trabaja sin plazos y el colaborador tiene más tiempo para recopilar las pruebas que sustenten su testimonio.
Asimismo, la norma actual tampoco estipula que un delator sea asistido por un defensor legal en todo el proceso de colaboración eficaz.
En opinión del penalista Andy Carrión, si el Parlamento aprueba esta ley los afectados directos serán los casos en curso, como los de Karelim López, Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, quienes son los principales testigos de la corrupción del gobierno de Castillo.
“Darles un plazo a los fiscales haría que de 100 procesos de colaboración solo en 30 de ellos se avance con la corroboración, y es que tendrían un plazo más reducido y no habría amplitud para abrir otras líneas de investigación a partir de lo que digan los delatores”, manifestó Carrión a Perú21.
Pero hay otra modificación que pretende ejecutar el Congreso, y es cambiar el artículo 409-B del Código Penal para condenar con la cárcel a todo aquel que “revele, suministre y difunda” la identidad de los colaboradores, así como sus declaraciones ofrecidas en el proceso.
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En otras palabras, se quiere atentar contra fiscales, jueces, funcionarios públicos y periodistas que tratan con información de interés público.
El vocero de Alianza Para el Progreso, Alejandro Soto, dijo a este diario que su bloque no respaldará el dictamen porque están en contra de ese extremo. “Solicitaremos que se redacte un nuevo texto sustitutorio”, dijo brevemente.
La parlamentaria de Avanza País, Norma Yarrow, coincidió en este argumento. “Si sale con este texto no estamos a favor”, manifestó
Fuentes de Fuerza Popular también indicaron a Perú21 que no apoyarán el proyecto, que lleva más de ocho meses a la espera de su discusión.
En tanto, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, apuntó que este tipo de proyectos “ponen barreras muy peligrosas para la democracia” ya que afecta la libertad de prensa y no permitiría a la ciudadanía acceder a información que puede comprometer a autoridades y políticos.
-El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, dijo a Perú21 que los congresistas “no han recogido las opiniones técnicas de los órganos especializados que pueden dar argumentos más sostenibles”.
-Rotta advirtió que la modificación afectaría labor de la Fiscalía.